Impuesto Actos Jurídicos Documentados

Impuesto Actos Jurídicos Documentados

El Tribunal Supremo dictaminó que quien debía abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, es decir, el banco, y no quien recibe el préstamo.
En la sentencia de 16 de octubre, el alto tribunal modificó su jurisprudencia anterior, donde establecía que el consumidor era el obligado al pago de este impuesto e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye en el fallo de la sentencia que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria sino la entidad bancaria, por lo que debería ser ésta última la obligada al pago del impuesto.
A raíz de dicha sentencia, y del revuelvo formado sobre esta decisión, el Tribunal Supremo decidió convocar un pleno extraordinario para tratar el asunto y establecer así el criterio del tribunal que regirá a partir de entonces.

En dicho pleno, celebrado el día 5 de noviembre de 2018 y prorrogado al día 6, se acordó por 15 votos a favor y 13 en contra, la decisión de que finalmente el sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados es el consumidor y no el banco como establecía la sentencia de fecha 16 de octubre.
Esta decisión del alto tribunal propició una exaltación en los consumidores, llegando a manifestar éstos su malestar por la misma y a insinuar la ausencia de imparcialidad por parte del Tribunal Supremo.
Después de lo acontecido, y con la intención de calmar los ánimos ya revueltos, el actual Gobierno aprobó un decreto ley con el que se modificará la norma que regula el impuesto de actos jurídicos documentados para que nunca más tengan que pagarlo los consumidores, sino que a partir de ahora lo abonen los bancos.

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