Ofrecer Un Alquiler Social Al Inquilino

Ofrecer Un Alquiler Social Al Inquilino

OBLIGACIÓN DE OFRECER UN ALQUILER SOCIAL AL INQUILINO ANTES DE INTERPONER UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO O DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA.

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad que pesaba sobre las leyes catalanas de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (Ley 24/2015 y Ley 4/2016), dejando sin efecto la suspensión cautelar que recaía sobre varios preceptos legales de las mismas, y por tanto, quedan nuevamente en vigor ambas leyes en su mayor parte.

Al entrar de nuevo en vigor dichas leyes, derivado del fallo del Tribunal, vuelve a ser de aplicación el art. 5.2 de la Ley 24/2015 sobre medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda que determina que “antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler, el demandante tiene que ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si el procedimiento afecta personas o unidades familiares que no tengan una alternativa de vivienda propia y que se encuentren dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial que define esta ley, lo cual tiene que comprobar el mismo demandante, que tiene que requerir previamente la información a los afectados, y siempre que se dé uno de los dos supuestos siguientes: a) Que el demandante sea persona jurídica que tenga la condición de gran tenedor de vivienda. b) Que el demandante sea persona jurídica que haya adquirido después del 30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de compensación de deudas o de dación en pago o provenientes de compraventas que tengan como causa la imposibilidad de devolver el préstamo hipotecario”.

Por lo tanto, y a partir de que dichas sentencias del Tribunal Constitucional sean publicadas en el BOE no se podrá demandar sin más si no que, en primer lugar, se deberá verificar la situación de riesgo de exclusión social y residencial padecida por los ocupantes de la vivienda y posteriormente se deberá ofrecer a los mismos un alquiler social bajo las condiciones que se recogen en la ley. Si los afectados rechazan dicha oferta, es entonces cuando se podrá interponer el procedimiento judicial pertinente para el desahucio o ejecución hipotecaria.

Si tiene alguna duda o consulta relacionada con lo expuesto en este artículo no dude en consultarnos estaremos encantados de ayudarle.

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