Plus Valía Viladecans

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LA PLUSVALÍA MUNICIPAL
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), también conocido como Plusvalía, se trata de un tributo propio de la Hacienda Local, es decir, exigible por parte de los Ayuntamientos, que literalmente se define en la Ley reguladora de Haciendas Locales como aquel impuesto que “grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos”

La base imponible, es decir, la cantidad sobre la que se aplicará el tipo impositivo –porcentaje- de dicho impuesto, será el incremento del valor del terreno en el momento del devengo y por un período máximo de 20 años.

plusvalia aggar abogados y economistasTeniendo en cuenta que la principal consecuencia de la burbuja inmobiliaria española de la última década ha sido la crisis del ladrillo y, consecuentemente, la disminución del valor de los bienes inmuebles, resulta curioso ver como los Ayuntamientos han seguido exigiendo el pago de la plusvalía, cuando a priori, partiendo de lo que el propio nombre del impuesto analizado indica, no se debería haber hallado en aquellos negocios jurídicos donde el precio del inmueble se ha reducido.

Por tanto, ¿cómo es posible que se hayan seguido consignando cantidades a favor del IVTNU?

Esto ha sido así porque el sistema establecido en la Ley para recaudar dicho impuesto no tiene en cuenta el incremento del valor del inmueble para la determinación de la cantidad a pagar, sino que, paradójicamente, se toma como base el valor catastral del suelo multiplicándolo por un coeficiente en función de número de año que se haya tenido el bien inmueble en propiedad y aplicándole igualmente un tipo impositivo. Así, el resultado siempre es positivo.

A raíz de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el pasado 17 de febrero de 2017, ya puede augurarse una reforma en la regulación de dicho tributo.

En dicha resolución, aún siendo aplicable sólo a la normativa de Guipuzkoa por ser los impulsores del procedimiento y tener una normativa propia, el alto tribunal confirma la debida anulación del impuesto en los casos en que no exista un incremento del valor del inmueble sobre el que se imponga en el momento de la venta, la herencia o la donación, casos donde cobra vida la existencia del mismo.

Empero, en este sentido, podemos apaciguarnos, ya que a día de hoy, el Constitucional tiene pendiente emitir varias sentencias sobre dicho impuesto en el ámbito de aplicación de la normativa Estatal – por tanto, aplicable a todo el territorio español- y, siguiendo los parámetros de la ya emitida Sentencia del pasado febrero, parece ser que dichas resoluciones serán, por fin, favorables al contribuyente. Consúltenos al respecto, desde Aggar | Abogados y Economístas  en Viladecans, podemos asesorarle y ayudare a gestionar mejor su patrimonio.

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