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¿PUEDE ENTRAR LA POLICÍA EN MI DOMICILIO SI INCUMPLO LA NORMATIVA COVID?

En los últimos días hemos asistido a una polémica sobre la entrada de agentes de policía en domicilios privados derivado del incumplimiento de la normativa Covid por
parte de las personas que allí se encontraban, y la verdad es que es inevitable que surja la pregunta que da lugar a este artículo.
Pues bien, adelantamos que para dar respuesta a dicha cuestión es necesario en primer lugar tener claros ciertos conceptos clave como por ejemplo que se considera
domicilio, que significa inviolabilidad del mismo, casos de entrada autorizada en domicilio regulada por ley etc… y en segundo lugar habrá que atenerse a las
circunstancias específicas de cada caso.

Entrando en materia, ¿Qué es la inviolabilidad del domicilio?
La inviolabilidad del domicilio se encuentra recogida en el artículo 18.2 de la Constitución Española y es un derecho fundamental de todas las personas que habitan
una vivienda y que impide que nadie pueda entrar en el domicilio al margen de que se encuentre o no en él el titular del mismo.
Si atendemos a las leyes y a la jurisprudencia de nuestro país, existen únicamente tres circunstancias que facultan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a entrar en
un domicilio y son: la comisión de un delito flagrante, una orden judicial suficientemente fundamentada y motivada o, en su caso, el consentimiento del titular
de la vivienda.

Cabe destacar que un cohabitante de la vivienda no puede vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio puesto que habita en él, aunque si que podrá vulnerar el
derecho a la intimidad de los demás cohabitantes

¿Qué se entiende por domicilio?
Se puede definir como domicilio el espacio apto para desarrollar en él vida privada aunque sea de modo eventual y no permanente, por lo que se puede
considerar domicilio a efectos del 18.2 de la Constitución una habitación de hotel, una tienda de campaña etc…
Por tanto y como hemos dicho anteriormente para dar una respuesta concreta a cada caso deberemos prestar especial atención a las particularidades de cada situación y a
las consideraciones teóricas que hemos explicado.
Si usted se ha visto en una situación semejante a la expuesta no dude en contactarnos, estaremos encantados de orientarle.

LA CONVIVENCIA CON UNA NUEVA PAREJA ES CAUSA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO AL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha determinado las consecuencias que produce la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja en el domicilio familiar, cuyo uso se atribuyó en la sentencia de divorcio o separación.
El criterio adoptado por la Sala es el resultado del recurso interpuesto por el Fiscal contra una Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, la cual contradecía lo dispuesto en el artículo 96 del Código Civil que prevé, en defecto de acuerdo por los cónyuges aprobado judicialmente, el uso de la vivienda familiar y su ajuar corresponde a los hijos y al cónyuge custodio.
En el caso en cuestión, se atribuyó el uso de la vivienda familiar a la madre y los hijos comunes y, tras el divorcio, ésta inició una nueva relación sentimental con un hombre que se trasladó a vivir a dicho domicilio. El padre se encontraba pagando una pensión de alimentos para sus dos hijos además del 50% del préstamo hipotecario con el que estaba gravado el inmueble familiar. Ante tal situación, el ex cónyuge solicito la extinción de la atribución del uso de la vivienda familiar y, para el caso de que no procediera tal petición, la reducción de la pensión alimenticia.
En primera instancia se denegó la extinción del uso pero se accedió a la reducción de la pensión alimenticia, de 500 a 400 €. Recurrida la Sentencia, la Audiencia Provincial determina que “…la entrada de una tercera persona en el ámbito sentimental de la esposa y materialmente en la que fue vivienda familiar hace perder a la vivienda su antigua naturaleza de vivienda familiar por servir en su uso a una familia distinta y diferente. Por ello la sentencia de la Sala Primera de 19 de noviembre de 2013 solo considera vivienda familiar aquella en que la familia haya convivido, con una voluntad de permanencia de manera que usando este criterio consideramos que desaparecida esa familia, bien unida o disgregada, la vivienda ha de perder también la consideración de vivienda familiar. Porque como señala la sentencia citada no puede calificarse de familiar a la vivienda que no sirve a los fines del matrimonio y estimamos que no tiene sentido que los hijos y el custodio sigan manteniendo el uso de un inmueble que ya no sirve a sus primitivos fines más allá del tiempo que se necesite para liquidar la sociedad ganancial”.
Asimismo, no se accede a la petición solicitada referente a la venta inmediata del inmueble o su adjudicación a uno de ellos en aras de garantizar el interés superior de los menores, instando a liquidar la sociedad de gananciales, manteniéndose su uso hasta entonces.
Contra la anterior resolución el Ministerio Fiscal formuló recurso ante el Tribunal Supremo, alegando la infracción del artículo 96.1 del Código Civil »por vulneración en este tipo de procedimientos del principio prioritario del interés del menor, conforme a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo». No obstante, nuestro Alto Tribunal considera que ello se consigue no solo con mantener el mismo ambiente que proporciona la vivienda familiar, sino con una respuesta adecuada de sus padres a las dificultades económicas que resultan del divorcio, para afrontar tanto los gastos que comportan la doble ubicación de los padres, como los alimentos presente y futuros.
En definitiva, el Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, y ratifica todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la Audiencia Provincial de Valladolid.
En GABINETE AGGAR nos encontramos a su entera disposición para asesorarle y garantizarle la mejor defensa jurídica en asuntos de familia.

 

 

SE ESTIMA LA DEMANDA DE DESAHUCIO INSTADA POR UN PADRE PARA ECHAR DE CASA A SU PROPIO HIJO

Se estima, por la Audiencia Provincial de Huelva, la demanda de desahucio interpuesta por un padre contra su propio hijo, con el que convivía. A pesar de que en primera instancia se desestimó la demanda, se revoca la sentencia argumentando que el demandado carece de título que legitime la ocupación, condenándole así al desalojo de la vivienda.
El hecho de que el hijo carezca de medios propios para subsistir, teniendo derecho a una pensión de alimentos a cargo de su progenitor, no le atribuye un titulo legitimador para continuar ocupando el inmueble propiedad de su padre.
El derecho de alimentos, recogido en el 237-1 del Código Civil de Cataluña o artículo 149 del Código Civil Español, no atribuye a su beneficiario (alimentista) un derecho a vivir bajo el mismo techo que el obligado al pago (alimentante), en su contra, el articulo 149 referido atribuye esta facultad de decisión al alimentante.
Asimismo, no es impedimento al desahucio pretendido que la causa por el cual el padre inste el desahucio contra su hijo sea la mala relación existente entre ambos, careciendo de relevancia legal tal circunstancia.
A pesar de que el hijo haya contribuido al pago de algunos gastos del domicilio que compartían, el Tribunal dictamina que ello no es equivalente al pago de una renta que enerve la acción de desahucio precario ejercitada.
En conclusión, el hijo se encuentra ocupando la vivienda sin título que le habilite para ello, motivo por el cual procedente el desahucio interpuesto por el padre.
Desde GABINETE AGGAR estaremos encantados de asesorarle respecto a los conflictos que puedan surgirle entorno a derecho de familia y/o desahucios en general.

Abogados-Aggar-Viladecans

NULO EL DESPIDO POR SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID + 6.000 € DE DAÑO MORAL

El despido disciplinario comunicado a una trabajadora al día siguiente de
informar a la empresa sobre padecer una sintomatología compatible con COVID-19,
ha sido declarado por el Juzgado de lo Social nº9 de Murcia nulo, condenando
además a la empresa ha abonar la cantidad de 6.250 euros en concepto de
indemnización por daño moral.
La trabajadora comunicó a su encargado a través de un mensaje de
''WhatsApp'' que llevaba un par de días padeciendo síntomas compatibles con la
infección por COVID-19, tales como, tos, dolor de garganta, dificulta respiratoria, etc.
En consecuencia, el médico le otorgó la baja por incapacidad temporal ante un posible
contagio, activándose el correspondiente protocolo sanitario, medidas entre las cuales
se encuentra la cuarentena domiciliaria por un periodo de dos semanas.
Como justificación del despido disciplinario, la empresa imputó a la trabajadora
la comisión de dos infracciones muy graves relativas a falta de rendimiento continuado
y voluntario en sus tareas, la primera, por tardar un 30% más de tiempo que el resto
de trabajadores en el desempeño de las mismas tareas, y la segunda, por falta de
transmisión de los pedidos con suficiente aprovisionamiento, ocasionado falta de
producto.
En consecuencia, la trabajadora interpuso la correspondiente demanda,
solicitando que se considerara nula la extinción de la relación laboral, además de
reclamar la suma de 6.250 euros en concepto de indemnización por vulneración de
sus derechos fundamentales y la parte correspondiente a la nómina del mes corriente,
además de días de vacaciones.
La Sentencia considera que existen indicios suficientes para estimar que el
despido se ha realizado vulnerando derechos fundamentales, el cual fue comunicado
horas después de poner en conocimiento de la empresa la posibilidad de haber
contraído COVID-19, que no puede negar el desconocimiento de tal circunstancias por
los mensajes enviados por la demandante, habiendo hecho referencia a los mismos en
la propia carta de despido.
La precipitación de la empresa en despedir a la trabajadora conduce a pensar,
según la resolución, que el verdadero motivo no era su bajo rendimiento sino el temor
a las repercusiones de conocerse que una trabajadora, que esta de cara al público,
habría sufrido un posible contagio, tratándose de una enfermedad estigmatizante que
produce rechazo a terceras personas.
Determina el Juzgado de lo Social que el despido se ha realizado vulnerando
los derechos fundamentales de la trabajadora, en concreto se ha infringido la
prohibición de discriminación (art. 14 de la C.E.), el derecho a la integridad física y a la
salud (art. 15 de la C.E.), al basarse en el hecho de que la trabajadora podría estar
infectada por un virus contagioso. Por lo tanto, el despido se determina que es nulo y
la empresa debe de readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones y abonar los
salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de readmisión.

Por último, en cuanto al daño moral, refiere la sentencia que ''resulta muy difícil
o costoso para la parte demandante acreditar el importe''. A pesar de ello, el juzgador
encuadra la conducta de la empresa como una infracción muy grave, tipificada en el
artículo 8.12 de la LISOS, por lo que estima correcto el importe resarcitorio por importe
de 6.250.-€.
Desde GABINETE AGGAR estamos a su entera disposición para el caso de
que se encontrara ante una situación similar, un despido por vulneración de derecho
fundamentales de cualquier índole o consulta laboral que desee realizar.

NUEVA SENTENCIA SOBRE GASTOS HPOTECARIOS

Sobre el tema de los gastos hipotecarios existe numerosa jurisprudencia y doctrina al respecto, demasiadas opiniones contradictorias según del lado que emita la opinión, pues si bien el consumidor entiende que se le ha obligado a pagar por conceptos que debería asumir el banco, las entidades bancarias consideran que sin esos pagos por parte del cliente éstos no hubieran podido acceder al préstamo hipotecario pues sin la garantía de elevar la escritura a público, entre otros, la entidad nunca hubiese concedido la hipoteca.
Después de años de cambios de criterios a nivel judicial, y de la negativa habitual de los bancos a devolver cantidad alguna de forma extraprocesal, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en referencia a quien debe asumir la tasación de la vivienda, complementando así los demás criterios de los que ya se había pronunciado con anterioridad.
El Tribunal Supremo ha dictado recientemente una nueva sentencia (STS 35/2021 de 27 de enero) en relación a los gastos hipotecarios mediante la cual obliga a las entidades bancarias a asumir el coste de los gastos de tasación de la vivienda de todas las hipotecas firmadas con anterioridad al año 2019.
Por tanto, a partir de ahora, los usuarios tienen derecho a reclamar el 100% de los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, y el 50% de los gastos de notaría.
Como sabemos, en relación al impuesto, que es la partida más cuantiosa de los gastos hipotecarios, debe ser asumida por los propios usuarios al 100%.
Por último, y para poder reclamar estos gastos judicialmente, existe controversia sobre cuando caduca el derecho del usuario a reclamarlos pues si bien el criterio es unánime en cuanto a que las acciones para reclamar la nulidad de las cláusulas ni caduca ni prescribe, no es tan claro que desde cuando se aplica el plazo para la reclamación de las cantidades adeudadas, estableciéndose el mismo de 5 años, pero sin concretar si el término empieza a contar desde el pago de las facturas o desde que el usuario tuvo conocimiento de la nulidad de las cláusulas mediante la sentencia del TS de 26 de enero de 2016.
Si usted se encuentra en una situación como la expuesta no dude en acudir a nosotros, nuestro equipo estará encantado de atenderle y de responder a todas sus dudas.

Novedades Fiscales 2021

En este artículo intentamos resumir las principales novedades fiscales para el año 2021 y también para las declaraciones del ejercicio 2020 pero cuyas declaraciones todavía están pendientes de presentación.

Impuesto sobre Sociedades:

-Para las empresas de reducida dimensión en los ejercicios 2020 y 2021, podrán deducir las pérdidas por deterioro de los créditos derivados de las posibles insolvencias de deudores cuando en el momento del devengo del impuesto el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación sea de 3 meses en lugar de 6.

Impuesto sobre la Renta de NO Residentes:

-Se les reconoce la exención por reinversión en vivienda habitual para contribuyentes de la UE o del EEE

-El tipo de gravamen general pasa del 19% al 24%

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

-Se incrementan los tipos de gravamen para los dividendos, intereses y ganancias patrimoniales a:

* desde 0 hasta 6.000.-€ se aplicará el 19%
* desde 6.000 a 44.000 se aplicará el 21%
* desde 50.000 a 150.000 se aplicará el 23%
* a partir de 200.000 se aplicará el 26%

-Reducciones en la Base Imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión personal:

* Como regla general, sobre las aportaciones realizadas se reducen de

los 8.000.-€ actuales a 2.000.-€

-Sobre las normas de disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en situaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID, las cantidades
dispuestas serán tratadas como Rendimientos de Trabajo para su perceptor

-Desde el 1-1-2021, los arrendadores que NO sean grandes tenedores de inmuebles (más de 10 inmuebles), se podrán computar como gasto deducible, la
rebaja en la renta que voluntariamente hayan acordado las partes a partir del 14-03-2020, correspondientes a las mensualidades devengadas en los meses de enero,
febrero y marzo de 2021

-Para los empresarios y arrendadores en los ejercicios 2020 y 2021, podrán deducir las pérdidas por deterioro de los créditos derivados de las posibles insolvencias de deudores cuando en el momento del devengo del impuesto el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación sea de 3 meses en lugar de 6.

-Las ayudas recibidas por el Plan Renove 2020, tributarán como ganancia patrimonial

Impuesto sobre el Patrimonio

-Con efectos desde 1-1-2021, se aumenta el tipo de gravamen aplicable al último tramo de la tarifa que pasa de 2.5% al 3.5%

Esperamos desde el Gabinete AGGAR que este artículo haya sido de vuestro interés

Cordialmente,
Dpto. Fiscal

Hacienda-aggar-economistas

BANCO SANTANDER S.A. Obligado a La Devolucion De Gastos Hipotecarios a Todos Sus Clientes, Hayan Demandado o No

Fruto de la demanda colectiva interpuesta por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Productos Financieros y de Seguros (ADICAE) frente a la entidad financiera Banco Santander S.A., el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Pontevedra ha resuelto en su Sentencia nº182/2020, de 11 de noviembre de 2020, la obligación de devolución del 50% de los gastos de notaria y el 100% de los gastos correspondientes al registro de la propiedad, tasación y gestoría.

No obstante, lo novedoso en dicha resolución es que la devolución de las cantidades indebidamente abonadas en concepto de gastos hipotecarios se extienden a los afectados sean adheridos a esta demanda, sus causahabientes, o los que pudiesen adherirse posteriormente.

En lo referente a los gastos de tasación refiere la sentencia que expulsada la cláusula del contrato, en ausencia de previsión alguna y en aplicación de la jurisprudencia del TJUE será el banco prestamista el que deba asumir su abono como consecuencia de atribuir el pago a la parte prestataria en virtud de una cláusula declarada nula por abusiva, aplicando este mismo razonamiento en cuanto a los gastos de gestoría.

El razonamiento jurídico utilizado para justificar la extensión de sus efectos a todos aquellos que se adhieran, es que la acción colectiva se vería totalmente frustrada si su victoria no tuviera consecuencias en aquellos procesos pendientes y futuros en los cuales se ejercita la acción individual respecto de una misma cláusula. En definitiva, el Tribunal Supremo ya concluyó que la declaración de nulidad y su ineficacia de una clausula suelo por falta de transparencia en ejercicio de la acción colectiva, debe tener la consecuencia de que en aquellos litigios en los se se esté ejercitando una acción individual respecto de una clausula suelo utilizada por una entidad bancaria, el juzgador debe apreciar el carácter abusivo de la cláusula.

Sin embargo, el juez podrá negar la abusividad de la cláusula si concurren en el litigio circunstancias excepcionales referidas al perfil del cliente o a la información suministrada por la entidad bancaria.

Desde Gabinete AGGAR estamos a su entera disposición para asesorarle e indicarle los pasos a seguir para poderse beneficiar de la devolución de aquellos gastos hipotecarios satisfechos indebidamente.

ES REAL LA INFLACIÓN EN LA ERA COVID

¿ES REAL LA INFLACIÓN EN LA ERA COVID?
Todos sabemos que cuando existe una disfunción entre la producción y la demanda, una de sus consecuencias es que se puede producir una subida de precios continuada en el tiempo de los productos y servicios provocando una pérdida del poder adquisitivo, o sea del valor del dinero. A este fenómeno se le denomina inflación.

Varias son las teorías económicas que han demostrado empíricamente a lo largo del tiempo la relación entre inflación y tipo de interés, es un hecho que una subida de tipos de interés provocará deflación y en cambio una bajada de los mismos provocará el efecto inverso.
La herramienta generalizada y convencional que los Gobiernos han utilizado para frenar la inflación siempre ha sido subir los tipos de interés para frenar ese consumo y devolver a las economías
nacionales un nuevo equilibrio monetario pero ¿qué está sucediendo con la inflación en esta nueva era COVID?

Hay un indicativo muy curioso cuando comparamos la rentabilidad del Bono Estadounidense a 10 años con el TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) o también llamado Bono USA protegido de la inflación a 10 años.
Cuando ese Bono convencional ha descendido desde enero del año 2019 un 50,42%, el TIPS ha aumentado su valor un 13,95 %. ¿No tendrían que ir casi parejas ambas rentabilidades aunque con signo contrario?

Si observamos los datos del período anterior 2017-2018, el TIPS del Bono USA a 10 años descendió un 0,4% y el Bono convencional subió un 1,2%, una diferencia mínima que sería lo normal en condiciones de equilibrio económico pero vemos que en estos últimos dos años (2018-2019-2020), la diferencia ha sido de alrededor de 37 puntos, entonces ¿ por qué se está produciendo esta disparidad si tal y como nos informan todos los gobiernos europeos no tenemos inflación (en el caso de España , negativa en el 2020) y en USA muy baja (0,6% en el 2020)? La respuesta a este pregunta tendremos que buscarla en la emisión de moneda y/o aumento de las emisiones de deuda del Banco Central Europeo en nuestro caso y de la Reserva Federal en el caso de
Estados Unidos.

¿Es ficticio el índice de la inflación actual?

No cabe la menor duda, el índice de inflación actual está manipulado.
Al emitir dinero o proveer a los Bancos Centrales de toda la liquidez que demandan, se están manteniendo artificialmente los tipos de interés bajos incluso en muchos casos hasta negativos y por lo
tanto el valor del dinero es menor. Sólo tenemos que fijarnos como suben los precios de los valores refugio convencionales como el oro o también los modernos como los Bitcoins.
La crisis del 2008 fue una crisis financiera fundamentada por el poco rigor de los Bancos a prestar dinero a los particulares y empresas que al ver que podían obtener liquidez fácilmente lo invirtieron en un bien que hasta esa fecha era seguro como el ladrillo, lo que provocó un exceso de demanda de ese bien y por lo tanto el precio y por consiguiente la inflación, en cambio en los momentos actuales que los tipos de interés están tan bajos y a los Bancos les sobra liquidez ya que lo compran a precio ridículo, ¿por qué
esa liquidez no está en las manos de los particulares? ¿Dónde está todo ese dinero que no está en posesión de los consumidores y que podrían gastarlo y por lo tanto aumentar la demanda de productos, precios e inflación.

Dejo a cada lector de mi artículo que piense por sí mismo y de respuesta a estas dos preguntas que son
muy fáciles de adivinar.
Eduardo Aguar
Economista

Subvenciones, ayudas y bonificaciones en el Municipio de Viladecans

Subvenciones, ayudas y bonificaciones en el Municipio de Viladecans

Estimados clientes,

En este artículo nos vamos a centrar en comunicar y explicar las diferentes subvenciones y bonificaciones que se están llevando a cabo en el Municipio de Viladecans por parte del Ayuntamiento y estimamos que ante las necesidades actuales en todo lo relativo a los empresarios, profesionales y PYME’s, cualquier información que lleve encaminada una ayuda es bienvenida.

En el mes de septiembre y octubre, se aprobaron las subvenciones de hasta 400.-€ o 700.-€ para el Plan de Reactivación empresarial de Viladecans, encaminadas a subvenciones los costes que se hubieran tenido en material de prevención laboral contra el COVID así como otro tipo gastos como por ejemplo los suministros consumidos durante el período del estado de alarma y confinamiento.

A partir de este mes de noviembre y ante la continua necesidad de ayudar a los autónomos y PYMES de Viladecans, el Ayuntamiento está preparando las bases para ampliar estas subvenciones hasta los importes de 700 y 900.-€ y también ha comunicado que reducirá los requisitos y ampliará los conceptos.

También está preparando el Plan 30PLUS y que irá dirigido a la inserción laboral de personas que estén desocupadas y tengan más de 30 años subvencionando hasta el tope salarial del SMI y por una duración de hasta 6/9 meses

Una vez más, nuestro Gabinete AGGAR se pone a disposición de todos los interesados que necesiten de nuestros servicios para un buen asesoramiento en esta materia así como de cualquier tema Fiscal y/o Contable que necesiten.

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QUE OCURRE CON LAS MASCOTAS EN UNA SEPARACIÓN O DIVORCIO

Cuando vamos a iniciar un procedimiento de separación o divorcio surgen siempre una serie de cuestiones importantes que deben resolverse, tales como, ¿Cuál de los dos se adjudicará el uso de la vivienda? ¿Qué tipo de guarda y custodia se fijará sobre los hijos comunes? Pero existen cuestiones que en muchas ocasiones se pasan por alto, como ¿Que ocurre con la mascota que convive en el domicilio familiar? ¿Tenemos que decidir cuál de los dos se queda con ella? En este artículo vamos a analizar este asunto.

Son escasas las resoluciones judiciales que existen sobre el tema pero la mayoría han considerado a los animales como un bien más, de conformidad con el artículo 333 del Código Civil y, por ende, se le deben aplicar las normas que se aplican al resto de bienes. Sin embargo, el artículo 511-1.3 del Código Civil de Cataluña dispone que los animales NO se consideran cosas, estando bajo la protección especial de la leyes, siendo de aplicaciones las reglas de los bienes en lo que permite su naturaleza. En el mismo sentido se dirige la Ley de Protección de los Animales, aprobada por el Parlamento de Cataluña, en su artículo 2.2, considerando a los animales seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica y, por tanto, deber recibir un trato que procure su bienestar.

En definitiva, en Cataluña tiene viabilidad que, en un proceso de separación o divorcio, un Juez se pronuncie acerca de la custodia de la mascota común, régimen de visitas y reparto de gastos, como si un menor de edad se tratase. No obstante, a pesar de esta viabilidad, no es posible garantizar que el Juez encargado de nuestro asunto atienda nuestras peticiones en lo que respecta a nuestra mascota. A modo de ejemplo, la Audiencia Provincial de Barcelona, en su sentencia 465/2014 de 10 de julio, dictaminó que no procedía acordar el cuidado compartido de la mascota común, en este caso un perro, ya que a pesar de tratarse de un ser vivo no dejaba de ser un bien mueble, no pudiéndose aplicar por analogía los regímenes de visitas de los menores de edad pues carecen de razón al no existir una relación paterno-filial.

Mascotas-separacion-divorcio

Atendiendo a que en Cataluña el régimen económico matrimonial general es el de separación de bienes, los bienes de valor ordinario adquiridos a cambio de dinero durante el matrimonio y destinados a uso familiar, se presume que son propiedad de ambos cónyuges, a pesar de que formalmente aparezca uno solo como propietario. Si nos encontramos en la situación anterior, deberá de instarse un procedimiento ejercitando la acción de división de la cosa común, la cual terminará en dos posibles escenarios, que uno de los cónyuges se quede con la mascota y el otro reciba una compensación dineraria a cambio, o bien, que se pacte el uso compartido pero sin aplicar normas pensadas en exclusiva para menores de edad.

En resumidas cuentas, si los cónyuges lo desean pueden incluir pactos en el Convenio Regulador relativos a las mascotas pero, en caso de incumplimiento de los mismos por alguno de ellos, no podremos solicitar al Juez que aprobó el Convenio que obligue a nuestra ex pareja a dar cumplimento a lo pactado respecto este asunto concreto. De tal manera que, en caso de incumplimiento de alguno de los cónyuges, se deberá instar una demanda por incumplimiento contractual y la eventual sentencia que surja de dicho procedimiento podrá ser ejecutada.

Si se encuentra en esta situación no dude en ponerse en contacto con nosotros, le ayudaremos a conseguir aquello más beneficioso para usted y su mascota.

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