Archivo de categoría Noticias

Paralización De Los Desahucios Por COVID-19

Mediante Real Decreto Ley nº 11/2020 de fecha 31 de marzo se aprobaron ciertas medidas de carácter urgente para paliar los efectos negativos de esta pandemia en el ámbito social y económico, estando entre ellas la que hoy nos ocupa que es la paralización de los procedimientos de desahucios con motivo del COVID 19 cuando se trate de contratos de arrendamiento que afectan a la vivienda habitual.
Debemos recalcar la importancia de este hecho puesto que dicho Real Decreto solo se aplica a las viviendas habituales y los arrendamientos que estén destinados a otros usos como por ejemplo los locales destinados al comercio, están excluidos de lo que ahí dispone la normativa.

En primer lugar, se establece que dicha suspensión afectará a los hogares vulnerables sin alternativa habitacional siempre y cuando dicha vulnerabilidad económica venga propiciada por la crisis pandémica del coronavirus, por lo que dicha medida no se aplicará a aquellos hogares que ya se encontraran con una mala salud económica de forma anterior a la pandemia.
Por otro lado, cabe destacar que, se puede solicitar la declaración de suspensión extraordinaria del procedimiento, siempre y cuando se acredite documentalmente que se está atravesando por una de las circunstancias previstas en el Real Decreto y por un periodo como máximo de 6 meses desde el 2 de abril de 2020, por lo que dichos 6 meses finalizan en octubre de 2020.
A todo esto se le suma la cantidad de procedimientos atrasados tanto a nivel de tramitación como de realización de vistas judiciales por lo que debemos estar muy alerta con los plazos establecidos en las normativas creadas durante este periodo de alarma además que nos vemos obligados a ejercitar la paciencia debido a dicha acumulación de temas en los organismos judiciales y administrativos, pues no se resuelven en los plazos que suelen resolverse de forma habitual.

Por tanto, y al encontrarnos ante un entramado de condiciones y plazos, es mejor acudir a un abogado si sufrimos algún tipo de situación parecida por lo que, desde GABINETE AGGAR restamos a su disposición para cualquier duda o aclaración.

Saltarse el confinamiento: multas derivadas del estado de alarma

Como es sabido por todos durante este confinamiento se han producido actos que han
dado lugar a multas por parte de la autoridad policial, en concreto, la cifra de propuestas de
sanción asciende ya a 869.537.
La opción elegida por el Ministerio de Interior para interponer estas sanciones es la Ley
Orgánica de Seguridad Ciudadana o también conocida como “Ley Mordaza” donde la
infracción más leve, que es la de salir a la calle sin motivo durante el confinamiento, lleva
aparejada la multa de 601 euros.


Lo cierto es que si bien hay unas normas que cumplir para que este confinamiento al
que nos hemos visto sometido surja los efectos deseados, también lo es que tanto la abogacía
del estado como algunos expertos dudan que el Ministerio de Interior pueda sancionar por
desobediencia a los ciudadanos.
La cuestión de debate reside en si se puede considerar desobediencia el salir a la calle
sin motivo durante el estado de alarma o si bien, debemos desoír una orden directa de un
agente.

Como hemos mencionado con anterioridad, y en contra de lo que opina el Ministerio
de Interior, tanto el Abogado del Estado como diversos juristas consideran que solo puede
considerarse como desobediencia, y por tanto ser penalizado, cuando un agente de la ley le da
una orden directa, concreta y personal al ciudadano y éste la desobedece. Esto se desprende
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en su sentencia de 10 de julio de 1992 expone
lo siguiente: “La base y requisito indispensable y esencial para que pueda ser cometido el delito
de desobediencia radica en la existencia de una orden o mandato directo, expreso y terminante
dictado por la Autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones que sea conocido real y
positivamente por quien tiene la obligación de acatarlo y no lo hace.”
Si le han propuesto para una sanción por los motivos descritos en este artículo no
dude en contactar con nosotros, le guiaremos, acompañaremos y recurriremos dicha sanción
velando por sus intereses.

PACTO SUCESORIO EN CATALUÑA: ¿ DONACIÓN SIN IMPUESTOS ?

PACTO SUCESORIO EN CATALUÑA: ¿ DONACIÓN SIN IMPUESTOS ?

En este artículo vamos a explicar la posibilidad de «donar» en vida a cónyuges y descendientes englobados en el Grupo II del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sin tener que pagar dicho impuesto hasta un límite de 375.000.-€.

En primer lugar, el pacto sucesorio es un acuerdo entre dos o más personas donde se establece la sucesión por causa de muerte de una de ellas, a través de la institución de heredero y la atribución de bienes a título particular.

Es un pacto en el que se establecen las reglas que regirán en la sucesión de una persona cuando fallezca pero que permite mediante la designación del heredamiento cumulativo, el conferir además de la calidad de heredero, una atribución a la persona instituida de todos los bienes presentes del heredante en vida.

En el ordenamiento civil catalán, se recoge la figura denominada «pacto sucesorio» en su artículo 411-3, en el que se establece que los fundamentos de la vocación sucesoria son el heredamiento, el testamento y lo establecido por la ley.

En su artículo 431-18, describe que la calidad de heredero conferida en heredamiento es inalienable e inembargable.

En su artículo 431-22, cita que los otorgantes podrán reservarse bienes, cantidades de dinero o la parte de su patrimonio que considere, para disponer de ellos libremente en donación, codicilio, memoria testamentaria o pacto sucesorio posterior.

A diferencia del testamento, un pacto sucesorio no se puede revocar si no es por acuerdo entre todos los que participaron en su otorgamiento (salvo algunas excepciones).

El pacto sucesorio está sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y por lo tanto, no estará sujeto ni al IVA ( a no ser que se otorgue en el ejercicio de una actividad económica), ni al ITP y AJD por norma general.

Por lo tanto, al estar sujeto al ISyD, se establece una reducción de 100.000.-€ entre cónyuges e hijos a la que se añadiría otra de 275.000.-€ en el caso de que el fallecido tenga más de 75 años y una reducción del 95% sobre un valor máximo de 500.000.-€ para la vivienda habitual.

pacto-sucesorio-en-cataluña

En cuanto a la tributación del IRPF del otorgante de dicho pacto sucesorio, en Cataluña no tenemos jurisprudencia suficiente (en Galicia Sí que existe), como para afirmar que no se tributaría si existiese una ganancia patrimonial producida por la diferencia entre valor de adquisición y valor declarado de los bienes integrantes en dicho pacto. Caso que no ocurriría si el bien fuese dinero en metálico.

Si dicho bien objeto del pacto sucesorio fuese un inmueble, tendríamos que estudiar si el municipio al que pertenece dicho inmueble, en su ordenamiento fiscal, regula algún tipo de bonificación excluyendo expresamente el pacto sucesorio de su aplicación que nos evitase tener que pagar la Plusvalía Municipal.

Esperamos que desde el Departamento Fiscal del Gabinete AGGAR hayamos podido solventar las dudas en lo referente al pacto sucesorio en Cataluña y nos ponemos a disposición de nuestros clientes para cualquier aclaración.

No duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra web www.aggar.es

Saludos cordiales

Procedimiento de Incapacidad Temporal

A lo largo de nuestro ejercicio del derecho son muchos los casos que nos encontramos en los que nuestro cliente se encuentra inmerso en un procedimiento de incapacidad temporal, debido a que se encuentra aquejado de diversas dolencias que le impiden realizarse laboralmente.
En ciertos casos, y a pesar de que el estado de salud de nuestro cliente es delicado, el tribunal médico dictamina que se encuentra en las condiciones adecuadas para la reincorporación laboral, nada más alejado de la realidad.

¿Qué debemos hacer ante esta situación?
En primer lugar deberemos impugnar la resolución donde se recoge que debemos reincorporarnos a nuestro puesto habitual de trabajo, presentando una reclamación previa dirigida al jefe administrativo o director del organismo que la dictó.
En el caso de que se trate de una denegación de la Incapacidad Permanente, o en su caso, de la revisión del grado de Incapacidad Permanente concedido, procederemos a la interposición de una reclamación previa, que deberemos interponer en el plazo de 30 días
hábiles.
Una vez tengamos dicha notificación denegatoria dispondremos del plazo de 2 meses para interponer demanda ante los juzgados competentes.
Es de vital importancia estar asesorado por un abogado durante todo el procedimiento, desde el inicio del mismo hasta la conclusión del expediente puesto que en vía judicial se aportan las comunicaciones habidas anteriormente con el INSS motivo por el que conviene llevar el mismo hilo argumentativo durante todo el procedimiento.
Si se encuentra en una situación similar, no dude en acudir a nosotros, estamos a su disposición para resolverle cualquier duda o consulta.

Modelo 720

HASTA CUANDO LAS INJUSTICIAS DEL MODELO 720

Estimados clientes del Gabinete AGGAR,

En esta ocasión vamos a intentar dar publicidad al tema que el Estado Español está intentando ocultar o por lo menos tapar para que los contribuyentes una vez más tengan más difícil defender sus derechos y en esta caso la injusticia que desde la Comisión Europea vuelven a comunicar.

El 20 de noviembre del 2015, la Secretaría General de la Unión Europea emitió un dictamen motivo al Reino de España, en relación con la obligación de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720), por su posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

Dicho Dictamen fue ocultado por el Estado Español el mayor tiempo posible además de no tenerlo en cuenta siguiendo inspeccionando y levantando actas con el mismo criterio de imprescriptibilidad por ganancias sobrevenidas y en la mayoría de los casos sancionando de manera desproporcionada.

En el día de ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2019 (Asunto C-788/19) cuyo demandante es la Comisión Europea y la parte demandada es el Reino de España.

Las pretensiones de la Comisión Europea son:

­Que se declare que el Reino de España:

H­a incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 21, 45, 56 y 63 del TFUE y los artículos 28, 31, 36 y 40 del Acuerdo sobre el EEE.

— al establecer consecuencias del incumplimiento de la obligación informativa respecto de los bienes y derechos en el extranjero o de la presentación extemporánea del «Modelo720», que conllevan la calificación de dichos activos como ganancias patrimonia­les no justificadas que no prescriben;

— al imponer automáticamente una multa pecuniaria fija del 150 % aplicable en caso de incumplimiento con la obligación infor­mativa respecto de los bienes y derechos en el extranjero o de presentación extemporánea del «Modelo 720»;

— al aplicar multas pecuniarias fijas por incumplimiento de la obligación de información respecto de los bienes y derechos en el extranjero o por presentación extemporánea del «Modelo 720», cuyo nivel es superior a aquello de las sanciones previstas por el régimen general para infracciones similares;

— Que se condene en costas al Reino de España.

Motivos y principales alegaciones

La normativa tributaria española impone a los residentes fiscales en España una obligación de declarar determinados bienes y derechos situados en el extranjero a través un formulario de declaración fiscal («Modelo 720»). En caso de incumplimiento o de cumplimiento incorrecto de dicha obligación, se aplica un régimen sancionador específico.

La Comisión llega a la conclusión que las sanciones que consisten en la calificación de los activos como ganancias patrimoniales, la inaplicación de las reglas normales de prescripción y las multas pecuniarias fijas, constituyen una restricción a las libertades funda­mentales del TFUE y del EEE. Aunque en principio estas medidas puedan ser adecuadas para alcanzar los objetivos perseguidos que son la prevención y la lucha contra la elusión y el fraude fiscal, resultan desproporcionadas.

Animamos a todas las personas que se vean afectadas por este injusto tema y que todavía no sean clientes de nuestro Gabinete AGUAR-GARCÍA, S.L.P. , a que se pongan en contacto con nosotros por medio de esta web o llamando al teléfono que sale en la misma para mantener una reunión y explicarnos su caso.

Atentamente,

Departamento Fiscal

DERECHO LABORAL – ¿Qué sucede si mientras estoy de vacaciones me veo obligado a coger la baja médica?

DERECHO LABORAL – ¿Qué sucede si mientras estoy de vacaciones me veo obligado a coger la baja médica?

Esta es una pregunta que muchos trabajadores se hacen, puesto que se habla poco o nada sobre el asunto y existen un gran desconocimiento al respecto.

Lo cierto es que, durante el periodo vacacional el contrato que te vincula al empresario sigue en vigor, por lo que, si desgraciadamente existe una incapacidad temporal o baja laboral durante ese periodo puedes disfrutar del resto de tiempo de vacaciones después.

¿Pero, que dice la legislación española?

Se recoge en el artículo 38.3 del Estatuto de los trabajadores lo siguiente:

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis de esta Ley, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado”.

En resumen, el trabajador afectado podrá disfrutar de las vacaciones una vez finalizada la incapacidad dentro de los 18 meses siguientes a partir del final de año en el que se hubiera causado el derecho a dicho periodo vacacional. Esta casuística se aplica a los casos en que la incapacidad o baja laboral se curse antes o durante las vacaciones.

Un dato a tener en cuenta es que, si recibes el alta dentro de tu periodo vacacional debes disfrutar de los días de vacaciones que te queden, es decir, si tenías 30 días de vacaciones y te dan el alta el día 15, debes disfrutar de los 15 días restantes. Una vez finalizados, debes incorporarte al trabajo, hablarlo con tus superiores y recuperar dichos 15 días que no disfrutaste durante los 18 meses siguientes.

Obviamente, al tratarse de una situación poco frecuente tanto para la empresa como para el trabajador, se suelen dar lugar a malos entendidos derivados del desconocimiento, negándose la empresa a dar dichas vacaciones con posterioridad, o teniendo algún defecto la petición o comunicación de dicho disfrute por parte del trabajador, por lo que desde nuestro departamento de laboral les recomendamos acudir a nosotros desde un principio para evitar que dicha problemática llegue a instancias judiciales.

 

Derecho De Un Propietario Frente a la Comunidad

DERECHO DE UN PROPIETARIO FRENTE A LA COMUNIDAD

Las comunidades de propietarios se regulan en la Ley de Propiedad Horizontal y tienen una especialidad y es que se combina un derecho privativo que viene aparejado a la propiedad del inmueble que se ha comprado y una vertiente de copropiedad sobre los elementos comunes y que pertenecen a la comunidad en general, es decir, se es copropietario de estos elementos junto con los demás comuneros. Así las cosas, hay que determinar muy bien donde empiezan nuestros derechos como propietarios y como copropietarios. De esta forma, la Ley de Propiedad Horizontal reconoce como derechos como propietarios:

Uso y disfrute: el propietario tiene derecho a usar y disfrutar de aquello que es de su propiedad siempre y cuando respete las normas comunitarias y no se produzca un abuso de derecho.

Enajenación: el propietario de una vivienda puede vender dicho inmueble cuando y como quiera siempre y cuando respete los límites que existan derivados de la copropiedad.
Por ejemplo: si en una comunidad de vecinos la piscina es copropiedad de todos ellos, uno de los propietarios no puede transmitir su vivienda junto con la piscina puesto que solo es propietario de una parte de la piscina y no de la totalidad.

Exigir innovaciones necesarias: si la comunidad necesita de una obra o cualquier mejora que sea en busca de la conservación, habitabilidad, accesibilidad y seguridad de la comunidad y de sus miembros la comunidad tiene la obligación de llevarlas a cabo.
Por ejemplo: en una comunidad existe una persona que se desplaza en silla de ruedas. La comunidad está obligada a realizar las obras necesarias (construcción de rampa, instalación de ascensor) para que dicha persona pueda acceder a su casa con total facilidad.

Ejercitar acciones judiciales: si los demás comuneros no respetan los derechos anteriores y se ven perjudicados los intereses de uno de los propietarios, este está facultado de interponer las acciones legales correspondientes.

Otros derechos: los propietarios integrantes de una comunidad tienen derecho a asistir a las Juntas de propietarios, a votar en las mismas siempre y cuando no tengan deudas pendientes con la comunidad.

No todo son derechos en el régimen comunitario de la propiedad horizontal, sino que también, y como hemos visto existen obligaciones. Como suele decirse, la libertad de uno termina cuando empieza la del otro.
Si tiene alguna duda o consulta al respecto no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Otra Nueva Victoria Contra Hacienda De Nuestro Gabinete AGGAR

OTRA NUEVA VICTORIA CONTRA HACIENDA DE NUESTRO GABINETE AGGAR

En Viladecans a 21 de noviembre de 2019

Esta vez ha sido la Unidad Regional de Gestión Tributaria de Barcelona quien por medio de una notificación ha requerido a un cliente de nuestro Gabinete AGGAR.

Mediante dicha notificación, la Administración mantenía que al ser el administrador de una sociedad limitada el único trabajador y siendo su actividad el arrendamiento de inmuebles, se consideraba que no podía acogerse al beneficio fiscal de aplicar la escala de gravamen de la entidades de reducida dimensión al comprobar la Tesorería General de la Seguridad Social que la empresa no presentaba ningún modelo TC1.

Para no perder la capacidad de comprobación, la Administración no solicitaba comprobar el último ejercicio fiscal presentado (ejercicio 2018), sino que se refería al ejercicio 2015, para que en el caso que nuestro cliente no pudiese justificar en nombre de su empresa el derecho a aplicarse la escala de gravamen de las entidades de reducida dimensión, se rompiesen los plazos de prescripción y además pudiesen iniciar expedientes por el resto de los ejercicios fiscales hasta el último presentado.

Pues el resultado ha sido satisfactorio para los intereses de nuestro cliente ya que la Administración ha tenido que notificarle la finalización de dicho expediente aceptando todas y cada una de las alegaciones que nuestro despacho presentó en tiempo y forma defendiendo así los intereses de nuestro cliente

Animamos a las empresas y empresarios que todavía no son clientes de nuestro Gabinete AGUAR-GARCÍA, S.L.P. , a que nos soliciten por medio de esta web o llamando al teléfono que sale en la misma para mantener una reunión y explicarnos su caso.

Atentamente,

Departamento Fiscal

Delito de Injurias y Calumnias

DELITO DE INJURIAS Y DE CALUMNIAS
Muchas veces, derivado de la costumbre social, se suele escuchar que alguien ha denunciado a otro por injurias y calumnias. Esta afirmación crea confusión pues muchos piensan que se trata de un mismo delito pero lo cierto es que, a pesar de que ambos son delitos contra el honor, se trata de dos delitos diferentes y por eso se penan por separado en nuestro ordenamiento jurídico.
Dichos delitos están tipificados en los artículos 205 y 208 del Código Penal español.
¿En qué consiste el delito de injurias? ¿Y el de calumnias?
El delito de injurias se recoge como la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Aunque solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. La pena aparejada es de 3 a 7 meses sin publicidad y de 6 a 14 meses si se propaga con publicidad.
Sin embargo, las calumnias es la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. La pena aparejada será la de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses si se propaga con publicidad o multa de 6 a 12 meses si no.
Entonces, a modo de resumen ¿cuál es la diferencia básica entre ambas? Pues el hecho diferencial esencial reside en que si para lesionar el honor de otro se está imputando un delito se trata de un delito de calumnias y si no se trata de un delito de injurias.

Veamos un ejemplo:
Delito de calumnias: María comenta con unas amigas que ha visto a Pedro cogiendo dinero de forma reiterada de la caja de la tienda donde éste trabaja. Pero lo cierto es que Pedro nunca ha cogido ese dinero y Maria está diciendo esas cosas de él porque le cae mal.
En este caso María está dañando el honor de Pedro diciendo que ha cometido un delito de hurto o robo. Al estar imputándole un delito a Pedro, a sabiendas de que es mentira, María esté cometiendo un Delito de Calumnias.
Delito de injurias: Sofía, que es periodista, publica en su periódico que una persona muy conocida no tiene una buena higiene y la insulta repetidamente en el cuerpo de su artículo.
En este caso, Sofía está cometiendo un delito de injurias graves puesto que está dañando el honor de una persona al verter comentarios despectivos sobre su persona.
Si se encuentra en una situación similar, póngase en contacto con nuestro equipo jurídico.

El Tribunal Constitucional tumba la plusvalía municipal cuando el impuesto supera las ganancias

El Tribunal Constitucional tumba la plusvalía municipal cuando el impuesto supera las ganancias

Estimados clientes,
Este es el tercer artículo que dedicamos al tema controvertido y en defensa de los derechos de nuestros clientes sobre la ilegalidad del afán
recaudatorio de las Administraciones Públicas.
Desde hace más de 2 años, los profesionales del derecho fiscal seguimos actuando ante la maquinaria confiscatoria de muchos Ayuntamientos y en defensa del derecho de los contribuyentes.
Desde nuestro Gabinete AGGAR, seguimos la lucha en este sentido. A la espera de poder conocer el escrito de la Sentencia del Tribunal
Constitucional, se ha informado de la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Plusvalía), no solo en el caso cuyo incremento de valor sea cero sino también en el caso que la ganancia obtenida sea inferior a la cuantía del
impuesto requerido por los Ayuntamientos.
En concreto, el tribunal ha declarado que el artículo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es
inconstitucional.
Dicho artículo 107.4, expone:
Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje
anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:
a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.
b) Período de hasta 10 años: 3,5.
c) Período de hasta 15 años: 3,2.
d) Período de hasta 20 años: 3.

tribunal-consitucional-plusvalia
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por
los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.
Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Por lo tanto, quedamos a la espera de poder leer el documento completo y exacto de dicha Sentencia para que podamos comunicar a
todos nuestros clientes la estrategia a seguir para solicitar la devolución de las plusvalías ilegalmente pagadas a los Ayuntamientos cuando no ha existido incremento de valor del inmueble transmitido y si aún existiendo dicho incremento, ésta ha sido inferior al cuota tributaria pagada.

Saludos cordiales

Dpto. Fiscal
Gabinete AGGAR

error: Content is protected !!
WhatsApp WhatsApp