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Es Doctrina Legal que…

Es doctrina legal que, declarado concurso, la Administración tributaria no puede dictar providencias de apremio para hacer efectivos sus créditos contra la masa

Estimados clientes, haciéndonos eco del artículo presentado por el Centro de Estudios Financieros (CEF), la sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de marzo de 2019, es una sentencia fundamental por cuanto, definitivamente, fija los límites que ya se venían apuntando desde la jurisprudencia a que se ve constreñida la Administración en su poder ejecutivo frente a la administración concursal una vez que un obligado tributario ha sido declarado en concurso de acreedores, cerrando filas en favor de la segunda, conforme al principio de preferencia del procedimiento concursal.

Señala el Tribunal que, una exégesis a sensu contrario del art. 84.4 Ley 22/2003 (Ley Concursal) permite entender que lo que veda el precepto es iniciar ejecuciones hasta que no se abra la liquidación o no haya transcurrido un año desde la declaración de concurso. Sin embargo, la jurisprudencia tanto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo como de la Sala de lo Civil cercena esa interpretación porque aquel precepto debe ponerse en relación con el resto de las normas de la Ley Concursal. En efecto, el art. 55.1 de la Ley en cuya virtud «declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra la patrimonio del deudor».

Cabría oponer como contrargumento que aunque el art 55 LC no distingue entre créditos concursales y créditos contra la masa, su ubicación sistemática en la Sección 2ª del Capítulo II del Título III dedicado a los efectos de la declaración del concurso sobre los acreedores, conduce a pensar que se refiere solamente a los créditos concursales, de manera que no afecta a los créditos contra la masa. Pero, nuevamente, la jurisprudencia de la Sala de lo Civil desmiente esta interpretación por cuanto «…la prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 LC opera tanto sobre créditos concursales, como sobre los créditos contra la masa, y cesa con la aprobación del convenio, conforme a lo regulado en el art. 133.2 LC .».

Frente a todo lo expuesto, cabría considerar que la tesis de la Administración podría venir avalada a partir de dos circunstancias introducidas por la Ley 38/2011 en la Ley Concursal: la primera, la sustitución en el art. 55.1 LC de la providencia de apremio por la referencia a la diligencia de embargo y, en segundo lugar, porque la nueva redacción del art. 164.2 LGT parece que admite la providencia de apremio con relación a los créditos contra la masa, en todo caso. Pero hay que rechazar esta interpretación porque no es posible considerar en este punto de forma aislada la LGT, al margen de la LC: primero, porque el propio tenor del art. 164.2 LGT contextualiza toda la problemática sobre la base de la LC: «en caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal…»; segundo, porque más allá de este precepto, la Disposición Adicional Octava de la misma LGT expresa que «lo dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento.»; finalmente, porque no debemos olvidar que la Ley 38/2011 modificó también, por lo que ahora interesa, los arts. 55 y 84.4 LC sin que de la nueva redacción de dichos preceptos pueda inferirse resquicio o margen para admitir que la Administración esté facultada para dictar en cualquier momento providencias de apremio para realizar créditos contra la masa.

Finalmente, es conveniente distinguir dos planos diferenciados: por un lado, la dimensión procedimental u orgánica, que dirime la concurrencia competencial entre diferentes órganos ejecutores; y, por otro lado, el plano sustantivo que, en los supuestos de concurrencia de acreedores, establece cuál de ellos tiene derecho a cobrar prioritariamenteY estos dos ámbitos no deben confundirse, toda vez que una cosa es la prioridad para continuar la ejecución y otra distinta la preferencia crediticia. Tanto es así que, a través de unos actos como las providencias de apremio aquí impugnadas, la Administración no se asegura el cobro del crédito pues, con independencia de la eventual autonomía de ejecución, habrá que estar al régimen de preferencia previsto en la LC.

En conclusión, procede declarar como doctrina legal la de que la interpretación conjunta del art. 164.2 LGT con relación a los arts. 55 y 84.4 de la Ley Concursal, determina que, una vez abierta la liquidación la Administración tributaria no puede dictar providencias de apremio para hacer efectivos sus créditos contra la masa hasta que no se levanten los efectos de la declaración de concurso, debiendo instar el pago de los créditos contra la masa ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal.

Nacionalidad y Extranjería

NACIONALIDAD Y EXTRANJERIA – Tiempos de residencia.

Para obtener la nacionalidad española por residencia se requiere una residencia legal y efectiva en territorio español que haya durado 10 años como mínimo, existiendo excepciones como es el caso de los refugiados a quienes se les exige un periodo de 5 años, o de los iberoamericanos a los que se les exige un periodo de residencia de 2 años.

Sin embargo, según el artículo 22.2 del Código civil español, bastará el tiempo de residencia de 1 año para:

“a) El que haya nacido en territorio español.
b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.
c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
d) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho.
e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.
f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles”.

Pero, ¿qué se entiende por residencia legal y efectiva en territorio español? Pues aquella que ejercen los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una autorización para residir, que puede ser temporal o de larga duración. Dicha residencia, para que sea considerada válida para el cómputo del trámite de nacionalidad debe ser continuada e inmediatamente anterior a la petición.

Si tiene alguna duda o consulta al respecto no dude en ponerse en contacto con nosotros, nuestro departamento de extranjería estará encantado de ayudarle a tramitar su nacionalidad.

Ofrecer Un Alquiler Social Al Inquilino

OBLIGACIÓN DE OFRECER UN ALQUILER SOCIAL AL INQUILINO ANTES DE INTERPONER UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO O DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA.

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad que pesaba sobre las leyes catalanas de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (Ley 24/2015 y Ley 4/2016), dejando sin efecto la suspensión cautelar que recaía sobre varios preceptos legales de las mismas, y por tanto, quedan nuevamente en vigor ambas leyes en su mayor parte.

Al entrar de nuevo en vigor dichas leyes, derivado del fallo del Tribunal, vuelve a ser de aplicación el art. 5.2 de la Ley 24/2015 sobre medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda que determina que “antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler, el demandante tiene que ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si el procedimiento afecta personas o unidades familiares que no tengan una alternativa de vivienda propia y que se encuentren dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial que define esta ley, lo cual tiene que comprobar el mismo demandante, que tiene que requerir previamente la información a los afectados, y siempre que se dé uno de los dos supuestos siguientes: a) Que el demandante sea persona jurídica que tenga la condición de gran tenedor de vivienda. b) Que el demandante sea persona jurídica que haya adquirido después del 30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de compensación de deudas o de dación en pago o provenientes de compraventas que tengan como causa la imposibilidad de devolver el préstamo hipotecario”.

Por lo tanto, y a partir de que dichas sentencias del Tribunal Constitucional sean publicadas en el BOE no se podrá demandar sin más si no que, en primer lugar, se deberá verificar la situación de riesgo de exclusión social y residencial padecida por los ocupantes de la vivienda y posteriormente se deberá ofrecer a los mismos un alquiler social bajo las condiciones que se recogen en la ley. Si los afectados rechazan dicha oferta, es entonces cuando se podrá interponer el procedimiento judicial pertinente para el desahucio o ejecución hipotecaria.

Si tiene alguna duda o consulta relacionada con lo expuesto en este artículo no dude en consultarnos estaremos encantados de ayudarle.

Directrices del Plan Anual de Control Tributario 2019

Estimados clientes,

Hemos redactado el siguiente artículo para indicar cuáles van a ser las líneas generales de actuación y seguimiento de la Agencia Española de la Administración Tributaria para el año 2019.

Simplemente indicamos las Directrices del Plan Anual de Control Tributario por las que se regirán los funcionarios de la AEAT y que consisten en:

1.-La prevención del fraude mediante asistentes virtuales, una nueva estrategia frente a los contribuyentes que inician actividades económicas y mejoras en la asistencia al contribuyente son las medidas que pretenden impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales

2.-El control de los patrimonios relevantes se verá reforzado con la nueva Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes.

3.-El control de la facturación irregular constituye una prioridad, línea de actuación que se verá reforzada con la anunciada prohibición del software de doble uso.

4.-La explotación de la información internacional permitirá inducir el cumplimiento voluntario y elevar el número de actuaciones

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que les pueda surgir.

Atentamente,

Departamento Fiscal-Contable, Gabinete AGGAR


IRPH

Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios

El IRPH (o Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) es uno de los tipos de interés más utilizados en los préstamos hipotecarios españoles junto con el Euribor. Las hipotecas referenciadas a este índice se caracterizan por poseer tipos de interés muy elevados en comparación con los que viene marcando el Euribor.
Derivado de dicha problemática y con los ciudadanos que habían suscrito hipotecas sujetas a ese índice muy descontentos, el IRPH hace entrada en los juzgados de primera instancia y audiencias provinciales, sin obtener unanimidad de criterios puesto que los distintos magistrados de dichos juzgados no lograron llegar a un acuerdo sobre si el índice en cuestión era o no abusivo y era o no susceptible de manipulación por la entidades bancarias.
Así las cosas, y llegando el IRPH hasta el  Tribunal Supremo, éste  emitía sentencia el 14 de diciembre de 2017 dando la razón  a los bancos y resolviendo que el IRPH como referencial hipotecario “no puede ser objeto de control de transparencia, puesto que tanto la Ley de Condiciones Generales de Contratación como la Directiva 93/13, de protección de los consumidores, excluyen de su ámbito de aplicación las condiciones generales que reflejen disposiciones legales o administrativas, aunque sí pueda serlo la cláusula que lo incorpora.”
Meses más tarde, y no estando de acuerdo con la resolución del Tribunal supremo, el magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia número 38 de Barcelona Francisco González de Audicana Zorraquino planteó cuestiones prejudiciales al TJUE relacionada con el IRPH en fecha 16 de febrero de 2018.
Desde entonces, nos encontramos a la espera de la resolución sobre el asunto de dicho tribunal europeo, con la esperanza de, como ya ocurrió con las cláusulas suelo, el TJUE corrija al Tribunal supremo y falle a favor del consumidor.
Si usted tiene hipoteca, no dude en consultar con nosotros, los expertos en derecho bancario de Gabiente Aggar le atenderemos y resolveremos sus dudas al respecto.
 

Comunidad de Propietarios

Las comunidades de propietarios están constituidas por el conjunto de propietarios de los diferentes pisos y locales de un edificio en régimen de propiedad horizontal.

En ellas se producen unas reuniones de todos los propietarios donde se tratan asuntos relacionados con la comunidad y sus bienes, tomando acuerdos y expresando las opiniones de los miembros de dicha comunidad.

Es habitual que de dichas reuniones suelan derivarse algunos desacuerdos que dan lugar a situaciones incomodas entre los habitantes de la finca.

Prueba de ello es la sentencia de fecha de la Audiencia Provincial Girona, número 481/2018, 14 Dic de 2018 donde el tribunal acordó que el propietario que facilita el acceso por su vivienda para la instalación del ascensor comunitario debe ser indemnizado por las molestias e inconvenientes que se le ocasionan.

En el caso en cuestión, la comunidad de propietarios demandante ejercitó frente a uno de sus miembros la acción de cumplimiento del acuerdo de instalación de un ascensor en el patio de luces comunitario para que facilitara el acceso a través de su vivienda. La propietaria estuvo de acuerdo con la solicitud pero pretendió que la comunidad le indemnizara por los perjuicios derivados de la ejecución de las obras tales como la imposibilidad de uso de una parte del patio interior y por la depreciación que va a suponer para su vivienda la instalación del ascensor.

Como resultado, señala la sentencia que, aunque no proceda indemnización por daños personales y biológicos imprevisibles derivados de la instalación del ascensor, sí han de ser compensadas económicamente las molestias que la realización de la obra va a suponer para la propietaria en cuanto afecta a su tranquilidad y sosiego.

Desde Gabinete Aggar estamos especializados en derecho de la propiedad horizontal por lo que si tiene alguna duda o consulta sobre algún tema relacionado con su comunidad de propietarios no dude en contactar con nosotros. 

Impuesto Actos Jurídicos Documentados

El Tribunal Supremo dictaminó que quien debía abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, es decir, el banco, y no quien recibe el préstamo.
En la sentencia de 16 de octubre, el alto tribunal modificó su jurisprudencia anterior, donde establecía que el consumidor era el obligado al pago de este impuesto e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye en el fallo de la sentencia que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria sino la entidad bancaria, por lo que debería ser ésta última la obligada al pago del impuesto.
A raíz de dicha sentencia, y del revuelvo formado sobre esta decisión, el Tribunal Supremo decidió convocar un pleno extraordinario para tratar el asunto y establecer así el criterio del tribunal que regirá a partir de entonces.

En dicho pleno, celebrado el día 5 de noviembre de 2018 y prorrogado al día 6, se acordó por 15 votos a favor y 13 en contra, la decisión de que finalmente el sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados es el consumidor y no el banco como establecía la sentencia de fecha 16 de octubre.
Esta decisión del alto tribunal propició una exaltación en los consumidores, llegando a manifestar éstos su malestar por la misma y a insinuar la ausencia de imparcialidad por parte del Tribunal Supremo.
Después de lo acontecido, y con la intención de calmar los ánimos ya revueltos, el actual Gobierno aprobó un decreto ley con el que se modificará la norma que regula el impuesto de actos jurídicos documentados para que nunca más tengan que pagarlo los consumidores, sino que a partir de ahora lo abonen los bancos.

Impuesto A. J. D. en Hipotecas

INCERTIDUMBRE SOBRE EL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN LAS HIPOTECAS

La pregunta más repetida en los últimos días es: ¿Quién es el obligado a soportar el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados derivado de la formalización de una hipoteca?

A día de hoy dicha pregunta todavía no tiene respuesta, puesto que después del giro en el cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo realizado mediante la Sentencia del pasado 16 de octubre en la que el Tribunal rectifica su doctrina y señala ahora que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de hipotecas es el banco, no el cliente como había establecido en una sentencia anterior.

La nueva sentencia considera que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca y es por ese motivo por el que debe ser el banco el que reste obligado al pago de los impuestos puesto que él es el interesado en dicha elevación a público e inscripción de la finca hipotecada.

El revuelo ante dicha sentencia fue tal que los consumidores estaban dispuestos a reclamar de forma inmediata la devolución de lo pagado de más por ese concepto. Esta situación ocasionó tal alarma en el sector bancario y judicial que propició una reunión de la cúpula del Tribunal Supremo para aclarar cuál de las dos sentencias debía aplicarse en los casos futuros. Dicha deliberación se llevará a cabo el próximo día 5 de noviembre de 2018, día en el que esperamos salir de dudas en lo relativo a quien es el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados.

Separación, Divorcio o Nulidad ¿Qué me interesa mas?

SEPARACIÓN, DIVORCIO O NULIDAD ¿QUE ME INTERESA MÁS?

Esta es la primera pregunta que deben hacerse los todavía cónyuges cuando deciden ponerle fin a la relación sentimental que los unía. Pero… ¿en qué se diferencian estas tres figuras?

En primer lugar, la separación implica el cese de la convivencia, es decir, uno de los dos abandona el domicilio conyugal y por lo tanto se rompe la convivencia entre la pareja. Con esta figura los cónyuges todavía siguen estando casados, por lo que no se extingue el matrimonio si optamos por la separación.
Cabe destacar una peculiaridad en esta figura y es que la separación puede ser de hecho (por el simple cese de la convivencia) o de derecho (cuando los cónyuges deciden poner la situación en conocimiento del juez y así regular sobre papel la separación entre ambos). Siempre es más recomendable la segunda opción puesto que de esa forma los pactos entre la pareja constan por escrito y están homologados por un Juez por lo que dicho documento tiene fuerza legal a la hora de hacerlo valer ante un tribunal.

La segunda figura a estudiar es el divorcio. Esta figura implica el cese de la convivencia y además la disolución del matrimonio, modificando el estado civil de las personas, pasando de estar casados a ser nuevamente solteros. En la actualidad, y gracias a la ley 15/2005, se puede instar el divorcio en primer lugar sin tener que pasar obligatoriamente por el trámite de la separación previa. Por otro lado, cabe destacar que para obtener el divorcio no hace falta del consentimiento del otro cónyuge, pudiéndose solicitar el divorcio por ambas partes o a petición de una sola siempre y cuando hayan transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio.

Por último nos encontramos con la figura de la nulidad mediante la cual se establece que un matrimonio es nulo si no se produjo de acuerdo a la ley. Es decir, se considera que el matrimonio nunca se celebró. Por ejemplo cuando se celebra entre personas que están casadas previamente y no divorciadas, cuando existe una coacción hacía uno de los contrayentes, o cuando se intenta celebrar el matrimonio entre determinados tipos de parientes.

Si se encuentra ante esta tesitura no dude en consultarnos, desde el departamento de Derecho de Familia de GABINETE AGGAR le asesoraremos lo que se adapte mejor a su situación personal.

Arrendamiento Locales Sin Personal

La Agencia Tributaria ha respondido sobre una consulta referente a ejercer actividad económica de arrendamientos de locales sin tener contratada a una persona a jornada completa.

140851-ARRENDAMIENTO LOCALES SIN PERSONAL POR ENTIDAD DE UN GRUPO

Pregunta:
Una entidad, que forma parte de un grupo en términos del artículo 42 de Código de Comercio, se dedica al arrendamiento de locales no teniendo ninguna persona contratada y llevando la gestión el administrador único que no percibe retribución alguna por los trabajos realizados. Por otro lado, otra entidad del grupo que, entre otras actividades, también realiza la actividad de arrendamiento de locales tiene contratada a una persona a jornada completa con exclusiva dedicación a la actividad de arrendamiento. ¿La primera entidad desarrolla una actividad económica?

Respuesta:
El artículo 5.1 LIS regula el concepto de actividad económica estableciendo que se entenderá por actividad económica la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En el caso de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe actividad económica únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa. En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el concepto de actividad económica se determinará teniendo en cuenta a todas las que formen parte del mismo.
Las entidades referidas forman parte de un grupo, en este caso, en la actividad de arrendamiento habría actividad económica si el empleado con contrato laboral y jornada completa dedicado a la gestión del arrendamiento de los inmuebles es empleado de otra entidad del mismo grupo. En consecuencia, al formar parte de un grupo pese a no contar con personal empleado en la actividad de arrendamiento una entidad pero si otra del grupo que también realiza la actividad de arrendamiento, ambas desarrollan una actividad económica en términos del artículo 5 LIS.
Normativa/Doctrina
Artículo 5 Ley 27 / 2014 , de 27 de noviembre de 2014 .
Consulta Vinculante de la D.G.T. V 1018 – 2018 , de 20 de abril de 2018

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