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Los autónomos podrán exonerarse de más del 50% de la deuda con Hacienda y Seguridad Social

Los autónomos podrán exonerarse de más del 50% de la deuda con Hacienda y Seguridad Social con una nueva Sentencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo acaba de dar un gran balón de oxígeno a los autónomos españoles con deudas con Hacienda y la Seguridad Social. La Ley de Segunda Oportunidad que se aprobó en 2015 (Real Decreto-ley 1/2015 del 27 de febrero) dejaba fuera la exoneración de los créditos con el Fisco español, lo que convertía a la norma que daba a los empresarios personas físicas la posibilidad de comenzar de nuevo en papel mojado. A partir de ahora, una sentencia del Supremo (STS de 381/2019, de 2 de julio) permitirá a los autónomos que puedan librarse de hasta el 75% de su deuda con Hacienda y la Seguridad Social y comenzar de cero.

El Supremo amplía en dicha sentencia la capacidad de los juzgados de lo mercantil para actuar sobre las deudas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, que la Ley dejaba, hasta ahora, fuera de exoneración. La nueva jurisprudencia permitirá que los autónomos puedan tener una segunda oportunidad real, ya que la deuda con el Fisco y la Seguridad Social se convierte, en muchas ocasiones, en el mayor quebradero de cabeza para los empresarios personales.

Con fecha de dos de julio, la sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la Agencia Tributaria (AEAT) contra una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (diciembre de 2015), en la que se daba la razón a una persona que se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad. El fallo no solo deja en manos de los juzgados de lo mercantil el fraccionamiento de la parte no exonerable del crédito público (hasta ahora Hacienda tenía la última palabra), sino que “de facto abre la puerta a que a los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas, en concreto el crédito ordinario subordinado (intereses, recargos, sanciones y un 50% de la cuota)”, según la asociación de autónomos ATA.

El resto —el crédito privilegiado, aquel que tiene prioridad de pago— podrán abonarlo en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años que tenga en cuenta su capacidad económica real. Es decir, en la práctica los autónomos en crisis podrán ver cómo los tribunales les perdonan hasta el 75% de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social.

Hasta ahora la Ley de Segunda Oportunidad había sido un auténtico fracaso. Apenas 9.000 personas se habían acogido desde su entrada en vigor en julio de 2015, una cifra muy lejana de los más de 100.000 que se han beneficiado de medidas similares en Alemania o Francia, según las estimaciones de Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, que emplea datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El pronunciamiento del Tribunal Supremo limita, en gran medida, la situación preferente de la Administración tributaria ante la solicitud de exoneración de las personas físicas sometidas a un proceso concursal. ATA solicita al Gobierno que remiende la Ley de Segunda Oportunidad para adaptarla a la sentencia del Supremo.

TS Sentencia que es Lícito Solicitar a la vez Suspensión y Aplazamiento

AL FIN UNA INJUSTICIA MENOS AL SENTENCIAR EL TRIBUNAL SUPREMO QUE ES LÍCITO SOLICITAR A LA VEZ LA SUSPENSIÓN Y EL APLAZAMIENTO DE DEUDAS CON HACIENDA

El alto tribunal da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de compatibilizar solicitudes de suspensión y aplazamiento deudas con Hacienda, según el fallo de la sentencia. De este modo, el Alto Tribunal estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, anulando el apartado 8 del artículo 46.
El Supremo entiende que la modificación de este apartado 8 supone un nuevo supuesto de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento no contemplado en la Ley General Tributaria, lo que evidencia la ausencia de cobertura legal al respecto, necesaria, como reconoce el propio articulo 44.2 del reglamento, según el cual serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las excepciones previstas en las leyes.
El Supremo recuerda que el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria impide el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.
Por tanto, en este apartado, la LGT anuda la imposibilidad de pedir aplazamiento ante la firmeza de la resolución -administrativa, económico administrativa o jurisdiccional- a que dicha resolución
haya sido objeto de suspensión, explica el Supremo. Sin embargo, el apartado 8 del artículo 46 RGR anticipa la imposibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento a un momento anterior, es decir, al momento mismo en el que, eventualmente, se solicite la suspensión.
Por lo demás, el Alto Tribunal entiende que esta modificación reglamentaria podría generar efectos colaterales cuando, por ejemplo, el artículo 60.2 LGT prevé que no pueda admitirse el pago en especie de deudas tributarias que tengan la condición de inaplazables, respecto de las que el propio artículo 60.2 LGT remite a los supuestos del artículo 65.2 de la Ley General Tributaria.
El Tribunal Supremo no comparte que el apartado 8 del artículo 46 RGR tenga por objeto únicamente la ordenación de las solicitudes y que, a estos efectos, simplemente priorice la solicitud de suspensión sobre la de aplazamiento.
Entendemos que el apartado 8 del artículo 46 RGR no persigue posponer la tramitación y resolución del aplazamiento hasta que resuelva la petición de suspensión, sino que determina directamente su archivo, sin que ese archivo al que se refiere el art. 46.8 RGR deba tener un alcance distinto del que se decreta en los casos del art. 65.2 LGT.
De ahí, que el Consejo de Estado en su dictamen de 14 de diciembre de 2017 apuntase que en el caso de que la solicitud de suspensión fuese desestimada, debe contemplarse expresamente la posibilidad de que el interesado no tenga que formular una nueva solicitud de aplazamiento y fraccionamiento del pago para que esta sea resuelta por el órgano competente , advertencia que no se ha visto reflejada en el reglamento, habida cuenta de que, incluso, no se considera (se archiva) el aplazamiento o fraccionamiento aunque se hubiese formulado con carácter subsidiario .
El abogado del Estado afirmaba que denegada la solicitud de suspensión, nada impide, como se ha dicho, solicitar el aplazamiento, aunque pudiera calificarse esa solicitud de abusiva, pues en la normativa vigente no existe precepto alguno que lo prohíba.
Sin entrar a considerar que esa nueva petición sea o no abusiva, lo cierto es que se trataría de una nueva petición y, obviamente, debido al discurrir procedimental -pese a que, el procedimiento correspondiente debería encontrarse suspendido mientras se resuelva la solicitud de suspensión bien pudiese ocurrir que en el momento en el que se presenta la nueva petición las circunstancias hubiesen cambiado, lo que a la postre determinaría, una vez más, un condicionamiento añadido por vía reglamentaria que puede llegar a frustrar el ejercicio de un derecho reconocido en la ley. Consecuentemente, el apartado 8 del artículo 46 RGR debe ser anulado, subraya.

Tipos de Despido

La relación laboral que nos une a la empresa para que nos desarrollamos profesionalmente puede llegar a su fin por diversos motivos.

En el post de hoy nos centraremos en analizar los diversos tipos de despidos según las causas que lo provocan, es decir, cuando es el empresario el que decide finalizar el contrato laboral en vigor.

En primer lugar nos encontramos ante el despido disciplinario, que se produce cuando el trabajadora ha incumplido de forma grave y culpable sus obligaciones. Un claro ejemplo de ello es cuando el trabajador disminuye voluntariamente y de forma continua el rendimiento de trabajo, o cuando desobedece las órdenes laborales etc…

En segundo lugar existe el despido objetivo, que se produce cuando se extingue la relación contractual entre las partes derivado de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción imputables a la empresa, faltas de asistencia al trabajo, o por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas en el puesto de trabajo entre otras.

Por último, nos encontramos frente al despido colectivo, que tiene lugar cuando el despido afecta a un número de trabajadores dentro de la misma empresa.

Poner de manifiesto que, a pesar que el empresario sea quien tome la decisión de poner fin a la relación laboral no implica que tenga motivos suficientes para hacerlo, por lo que, si el trabajador está disconforme con los motivos alegados por el empleador en la carta de despido, puede impugnarlo, alegando que el despido es improcedente o incluso nulo, lo que conllevaría un cambio significativo en los efectos del despido y en la indemnización.

Si usted se encuentra en esta situación, no dude en ponerse en contacto con nosotros, nuestro departamento especializado en Derecho Laboral estará encantado de estudiar su caso.

Claúsulas Abusivas Bancos

DERECHO BANCARIO – LAS CLAUSULAS ABUSIVAS

En los últimos años el derecho bancario se encuentra en boca de todos, pero ¿realmente conocemos aquello que firmamos en la escritura de nuestra hipoteca? ¿Nos informaron correctamente? ¿Está escrito en el tamaño de letra adecuado?

En este artículo haremos un pequeño resumen que nos ayudará a conocer cuáles son las más comunes cláusulas abusivas que podemos encontrar en nuestras hipotecas.

Principales cláusulas abusivas:

  • Cláusulas suelo: impide que el tipo de interés a pagar por el consumidor baje de un determinado nivel por lo que limita la variabilidad del préstamo.

  • Cláusulas de vencimiento anticipado: otorgan la capacidad de rescindir el contrato hipotecario por parte del banco por el incumplimiento de obligaciones accesorias a la principal.

  • Cláusulas sobre gastos en la constitución de la hipoteca: obligan al consumidor al pago de la totalidad de los gastos de constitución de la hipoteca.

  • Cláusulas sobre IRPH: Índice de referencia de préstamos hipotecarios declarado abusivo por falta de transparencia en la obtención de dicho índice, actualmente extinguido.

  • Cláusulas de intereses moratorios: declarada abusiva por el Tribunal Supremo cuando ésta suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado.

Se trata de un tema complejo, relativamente nuevo y que en algunos aspectos se encuentra aún por dilucidar en la vía judicial por lo que, si tiene alguna duda al respecto o sospecha que alguna de estas cláusulas están incluidas en su escritura de préstamo hipotecario, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Es Doctrina Legal que…

Es doctrina legal que, declarado concurso, la Administración tributaria no puede dictar providencias de apremio para hacer efectivos sus créditos contra la masa

Estimados clientes, haciéndonos eco del artículo presentado por el Centro de Estudios Financieros (CEF), la sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de marzo de 2019, es una sentencia fundamental por cuanto, definitivamente, fija los límites que ya se venían apuntando desde la jurisprudencia a que se ve constreñida la Administración en su poder ejecutivo frente a la administración concursal una vez que un obligado tributario ha sido declarado en concurso de acreedores, cerrando filas en favor de la segunda, conforme al principio de preferencia del procedimiento concursal.

Señala el Tribunal que, una exégesis a sensu contrario del art. 84.4 Ley 22/2003 (Ley Concursal) permite entender que lo que veda el precepto es iniciar ejecuciones hasta que no se abra la liquidación o no haya transcurrido un año desde la declaración de concurso. Sin embargo, la jurisprudencia tanto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo como de la Sala de lo Civil cercena esa interpretación porque aquel precepto debe ponerse en relación con el resto de las normas de la Ley Concursal. En efecto, el art. 55.1 de la Ley en cuya virtud «declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra la patrimonio del deudor».

Cabría oponer como contrargumento que aunque el art 55 LC no distingue entre créditos concursales y créditos contra la masa, su ubicación sistemática en la Sección 2ª del Capítulo II del Título III dedicado a los efectos de la declaración del concurso sobre los acreedores, conduce a pensar que se refiere solamente a los créditos concursales, de manera que no afecta a los créditos contra la masa. Pero, nuevamente, la jurisprudencia de la Sala de lo Civil desmiente esta interpretación por cuanto «…la prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 LC opera tanto sobre créditos concursales, como sobre los créditos contra la masa, y cesa con la aprobación del convenio, conforme a lo regulado en el art. 133.2 LC .».

Frente a todo lo expuesto, cabría considerar que la tesis de la Administración podría venir avalada a partir de dos circunstancias introducidas por la Ley 38/2011 en la Ley Concursal: la primera, la sustitución en el art. 55.1 LC de la providencia de apremio por la referencia a la diligencia de embargo y, en segundo lugar, porque la nueva redacción del art. 164.2 LGT parece que admite la providencia de apremio con relación a los créditos contra la masa, en todo caso. Pero hay que rechazar esta interpretación porque no es posible considerar en este punto de forma aislada la LGT, al margen de la LC: primero, porque el propio tenor del art. 164.2 LGT contextualiza toda la problemática sobre la base de la LC: «en caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal…»; segundo, porque más allá de este precepto, la Disposición Adicional Octava de la misma LGT expresa que «lo dispuesto en esta ley se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento.»; finalmente, porque no debemos olvidar que la Ley 38/2011 modificó también, por lo que ahora interesa, los arts. 55 y 84.4 LC sin que de la nueva redacción de dichos preceptos pueda inferirse resquicio o margen para admitir que la Administración esté facultada para dictar en cualquier momento providencias de apremio para realizar créditos contra la masa.

Finalmente, es conveniente distinguir dos planos diferenciados: por un lado, la dimensión procedimental u orgánica, que dirime la concurrencia competencial entre diferentes órganos ejecutores; y, por otro lado, el plano sustantivo que, en los supuestos de concurrencia de acreedores, establece cuál de ellos tiene derecho a cobrar prioritariamenteY estos dos ámbitos no deben confundirse, toda vez que una cosa es la prioridad para continuar la ejecución y otra distinta la preferencia crediticia. Tanto es así que, a través de unos actos como las providencias de apremio aquí impugnadas, la Administración no se asegura el cobro del crédito pues, con independencia de la eventual autonomía de ejecución, habrá que estar al régimen de preferencia previsto en la LC.

En conclusión, procede declarar como doctrina legal la de que la interpretación conjunta del art. 164.2 LGT con relación a los arts. 55 y 84.4 de la Ley Concursal, determina que, una vez abierta la liquidación la Administración tributaria no puede dictar providencias de apremio para hacer efectivos sus créditos contra la masa hasta que no se levanten los efectos de la declaración de concurso, debiendo instar el pago de los créditos contra la masa ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal.

Nacionalidad y Extranjería

NACIONALIDAD Y EXTRANJERIA – Tiempos de residencia.

Para obtener la nacionalidad española por residencia se requiere una residencia legal y efectiva en territorio español que haya durado 10 años como mínimo, existiendo excepciones como es el caso de los refugiados a quienes se les exige un periodo de 5 años, o de los iberoamericanos a los que se les exige un periodo de residencia de 2 años.

Sin embargo, según el artículo 22.2 del Código civil español, bastará el tiempo de residencia de 1 año para:

“a) El que haya nacido en territorio español.
b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.
c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
d) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho.
e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.
f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles”.

Pero, ¿qué se entiende por residencia legal y efectiva en territorio español? Pues aquella que ejercen los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una autorización para residir, que puede ser temporal o de larga duración. Dicha residencia, para que sea considerada válida para el cómputo del trámite de nacionalidad debe ser continuada e inmediatamente anterior a la petición.

Si tiene alguna duda o consulta al respecto no dude en ponerse en contacto con nosotros, nuestro departamento de extranjería estará encantado de ayudarle a tramitar su nacionalidad.

Ofrecer Un Alquiler Social Al Inquilino

OBLIGACIÓN DE OFRECER UN ALQUILER SOCIAL AL INQUILINO ANTES DE INTERPONER UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO O DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA.

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad que pesaba sobre las leyes catalanas de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (Ley 24/2015 y Ley 4/2016), dejando sin efecto la suspensión cautelar que recaía sobre varios preceptos legales de las mismas, y por tanto, quedan nuevamente en vigor ambas leyes en su mayor parte.

Al entrar de nuevo en vigor dichas leyes, derivado del fallo del Tribunal, vuelve a ser de aplicación el art. 5.2 de la Ley 24/2015 sobre medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda que determina que “antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler, el demandante tiene que ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si el procedimiento afecta personas o unidades familiares que no tengan una alternativa de vivienda propia y que se encuentren dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial que define esta ley, lo cual tiene que comprobar el mismo demandante, que tiene que requerir previamente la información a los afectados, y siempre que se dé uno de los dos supuestos siguientes: a) Que el demandante sea persona jurídica que tenga la condición de gran tenedor de vivienda. b) Que el demandante sea persona jurídica que haya adquirido después del 30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de compensación de deudas o de dación en pago o provenientes de compraventas que tengan como causa la imposibilidad de devolver el préstamo hipotecario”.

Por lo tanto, y a partir de que dichas sentencias del Tribunal Constitucional sean publicadas en el BOE no se podrá demandar sin más si no que, en primer lugar, se deberá verificar la situación de riesgo de exclusión social y residencial padecida por los ocupantes de la vivienda y posteriormente se deberá ofrecer a los mismos un alquiler social bajo las condiciones que se recogen en la ley. Si los afectados rechazan dicha oferta, es entonces cuando se podrá interponer el procedimiento judicial pertinente para el desahucio o ejecución hipotecaria.

Si tiene alguna duda o consulta relacionada con lo expuesto en este artículo no dude en consultarnos estaremos encantados de ayudarle.

Directrices del Plan Anual de Control Tributario 2019

Estimados clientes,

Hemos redactado el siguiente artículo para indicar cuáles van a ser las líneas generales de actuación y seguimiento de la Agencia Española de la Administración Tributaria para el año 2019.

Simplemente indicamos las Directrices del Plan Anual de Control Tributario por las que se regirán los funcionarios de la AEAT y que consisten en:

1.-La prevención del fraude mediante asistentes virtuales, una nueva estrategia frente a los contribuyentes que inician actividades económicas y mejoras en la asistencia al contribuyente son las medidas que pretenden impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales

2.-El control de los patrimonios relevantes se verá reforzado con la nueva Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes.

3.-El control de la facturación irregular constituye una prioridad, línea de actuación que se verá reforzada con la anunciada prohibición del software de doble uso.

4.-La explotación de la información internacional permitirá inducir el cumplimiento voluntario y elevar el número de actuaciones

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que les pueda surgir.

Atentamente,

Departamento Fiscal-Contable, Gabinete AGGAR


IRPH

Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios

El IRPH (o Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) es uno de los tipos de interés más utilizados en los préstamos hipotecarios españoles junto con el Euribor. Las hipotecas referenciadas a este índice se caracterizan por poseer tipos de interés muy elevados en comparación con los que viene marcando el Euribor.
Derivado de dicha problemática y con los ciudadanos que habían suscrito hipotecas sujetas a ese índice muy descontentos, el IRPH hace entrada en los juzgados de primera instancia y audiencias provinciales, sin obtener unanimidad de criterios puesto que los distintos magistrados de dichos juzgados no lograron llegar a un acuerdo sobre si el índice en cuestión era o no abusivo y era o no susceptible de manipulación por la entidades bancarias.
Así las cosas, y llegando el IRPH hasta el  Tribunal Supremo, éste  emitía sentencia el 14 de diciembre de 2017 dando la razón  a los bancos y resolviendo que el IRPH como referencial hipotecario “no puede ser objeto de control de transparencia, puesto que tanto la Ley de Condiciones Generales de Contratación como la Directiva 93/13, de protección de los consumidores, excluyen de su ámbito de aplicación las condiciones generales que reflejen disposiciones legales o administrativas, aunque sí pueda serlo la cláusula que lo incorpora.”
Meses más tarde, y no estando de acuerdo con la resolución del Tribunal supremo, el magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia número 38 de Barcelona Francisco González de Audicana Zorraquino planteó cuestiones prejudiciales al TJUE relacionada con el IRPH en fecha 16 de febrero de 2018.
Desde entonces, nos encontramos a la espera de la resolución sobre el asunto de dicho tribunal europeo, con la esperanza de, como ya ocurrió con las cláusulas suelo, el TJUE corrija al Tribunal supremo y falle a favor del consumidor.
Si usted tiene hipoteca, no dude en consultar con nosotros, los expertos en derecho bancario de Gabiente Aggar le atenderemos y resolveremos sus dudas al respecto.
 

Comunidad de Propietarios

Las comunidades de propietarios están constituidas por el conjunto de propietarios de los diferentes pisos y locales de un edificio en régimen de propiedad horizontal.

En ellas se producen unas reuniones de todos los propietarios donde se tratan asuntos relacionados con la comunidad y sus bienes, tomando acuerdos y expresando las opiniones de los miembros de dicha comunidad.

Es habitual que de dichas reuniones suelan derivarse algunos desacuerdos que dan lugar a situaciones incomodas entre los habitantes de la finca.

Prueba de ello es la sentencia de fecha de la Audiencia Provincial Girona, número 481/2018, 14 Dic de 2018 donde el tribunal acordó que el propietario que facilita el acceso por su vivienda para la instalación del ascensor comunitario debe ser indemnizado por las molestias e inconvenientes que se le ocasionan.

En el caso en cuestión, la comunidad de propietarios demandante ejercitó frente a uno de sus miembros la acción de cumplimiento del acuerdo de instalación de un ascensor en el patio de luces comunitario para que facilitara el acceso a través de su vivienda. La propietaria estuvo de acuerdo con la solicitud pero pretendió que la comunidad le indemnizara por los perjuicios derivados de la ejecución de las obras tales como la imposibilidad de uso de una parte del patio interior y por la depreciación que va a suponer para su vivienda la instalación del ascensor.

Como resultado, señala la sentencia que, aunque no proceda indemnización por daños personales y biológicos imprevisibles derivados de la instalación del ascensor, sí han de ser compensadas económicamente las molestias que la realización de la obra va a suponer para la propietaria en cuanto afecta a su tranquilidad y sosiego.

Desde Gabinete Aggar estamos especializados en derecho de la propiedad horizontal por lo que si tiene alguna duda o consulta sobre algún tema relacionado con su comunidad de propietarios no dude en contactar con nosotros. 

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