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MODIFICACION DE DISTINTAS LEYES PARA PROPICIAR EL RESPETO A LA VOLUNTAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El pasado 2 de junio de 2021 se aprobó unas modificaciones legislativas que engloban distintas leyes de nuestro ordenamiento jurídico como son el código civil o la ley de enjuiciamiento civil
entre otras con el fin de proteger y respetar la voluntad de las personas con discapacidad.
Con estas modificaciones, que entran en vigor el próximo mes de septiembre, se elimina la figura de la tutela judicial y por ende del tutor, restando única y exclusivamente la curatela contemplada como la medida más restrictiva para casos en los que las personas discapaces no puedan hacer valer su capacidad jurídica en toda su plenitud.

Lo cierto es que se han aprobado estas modificaciones con la intención, no de quitar libertades y derechos a este tipo de personas como sucede en la actualidad si no con el fin de respetar su
voluntad, y de que se encuentren en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de su vida, recogiendo entonces medidas de apoyo para ayudarles a que gocen plenamente de dichas facultades y se ayuden de otros en las facultades que no puedan llevar a cabo por si solas.

En contraposición al método actual donde se incapacitaba totalmente a la persona, el juez deberá concretar en la sentencia las facultades que el incapaz tiene mermadas y deberá nombrar a la persona que debe ayudarle, y para que debe hacerlo, limitando dichas funciones lo máximo posible y revisándolas cada cierto tiempo por si existe una mejoría que le permite realizar más acciones de las que estaban previstas inicialmente.
Si usted tiene algún familiar en esta situación y tiene dudas al respecto, no dude en contactar con nuestro departamento jurídico. Estamos a su disposición.

LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS ALQUILERES EN CATALUÑA

A pesar de que se encuentra en vigor desde el mes de septiembre del año pasado, son muchas las consultas que han llegado en estos últimos meses a nuestro despacho acerca de la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda.

Se aplica a los nuevos contratos de alquiler de residencia permanente sobre viviendas situadas en zonas declaradas con mercado de vivienda tenso. Actualmente son sesenta los municipios declarados como tal, entre ellos, Viladecans, Gavà, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat y Cornellà de Llobregat, aplicándose automáticamente y como mínimo durante un año desde su entrada en vigor.
De forma general, si la vivienda ha sido arrendada en los últimos cinco años:
– Si el precio del anterior contrato estaba por debajo del índice de referencia, la renta del nuevo contrato no podrá superar el precio acordado en el último contrato.
– Si el precio del anterior contrato estaba por encima del índice de referencia, con el nuevo contrato el precio debe bajar como mínimo hasta el valor del índice.

Si la vivienda no ha sido alquilada en los últimos cinco años:
– La renta no podrá superar el índice de referencia.
– Hay que tener en cuenta que el índice de referencia es un tope máximo, la renta puede estar por debajo.

No se pueden añadir al nuevo contrato de alquiler gastos generales asimilados a la renta en el anterior contrato: IBI, tasas diversas, cuotas, gastos comunitarios, etc.
Si en el anterior contrato no constaban esos gastos adicionales de forma detallada (tanto el concepto como la cifra), ahora tampoco se pueden añadir como gastos
adicionales.


Las partes contratantes pueden pactar incrementar o reducir un 5 % el precio del índice en función del estado y características de la vivienda. Únicamente se podrá acordar un incremento de hasta el 5 % sobre el índice si la vivienda reúne como
mínimo tres de las siguientes características:

tener ascensor, tener aparcamiento, estar amueblado, tener calefacción o refrigeración, piscina comunitaria o
equipamientos similares, jardín o terraza comunitaria, conserjería y vistas especiales.

En caso de que sea propietario arrendador le podemos asesorar en cuanto a las nuevas novedades legislativas que se deben tener en cuenta para arrendar su vivienda, o bien, para el caso de que sea inquilino, le revisamos las condiciones de su contrato y le informaremos de las vías judiciales y extrajudiciales para reclamar lo que por su derecho le convenga.

No dude en contactar con nosotros.

CONDENADA UNA EMPRESA DE TELEFONÍA

CONDENADA UNA EMPRESA DE TELEFONÍA POR EL MAL FUNCIONAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y INCREMENTO UNILATERAL DE SU COSTE

La reciente Sentencia, de 9 de junio de 2021, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Alcobendas (Madrid) condena a la empresa Más Móvil a indemnizar en la cuantía total de 632,25 euros a un cliente con motivo de la falta de aplicación de los descuentos previstos en el contrato, dar de baja erróneamente la fibra y una línea telefónica durante más de un mes, así como por el incremento injustificado sin comunicación ni información previa del coste del servicio, anulando a su vez distintos compromisos de permanencia.

La demandante concertó con Más Móvil un servicio fijo de telefonía, cinco líneas móviles con llamadas ilimitadas y GB infinitos, dos líneas adicionales y un servicio fijo junto a dos líneas. Habiendo contratado más de un servicio fijo y fibra, la empresa debió aplicarle un descuento de 10 euros más IVA por servicio fijo y fibra, habiendo contratados dos, el descuento a aplicar era de 20 euros más IVA.
No habiéndose aplicado por la demandada el correspondiente descuento, el cliente interpuso, en agosto de 2020, interpuso una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de la compañía, la cual nunca obtuvo respuesta. Por ello decidió hacer una segunda reclamación y, en esta ocasión, le respondieron que procederían a aplicarle el descuento pero sin devolverle aquello indebidamente cobrado hasta entonces.

A raíz de lo anterior, el cliente decidió realizar una queja y dar de baja el servicio de una de las líneas móviles contratadas. Sin embargo, la empresa dio de baja erróneamente una línea de teléfono fijo y fibra, en lugar de lo peticionado por el cliente. Ante tal incidencia, se realizó una nueva reclamación a fin de que se procediera inminentemente al restablecimiento e la línea, algo a lo que se negó Mas Móvil al constar una factura como impagada. Además, de forma unilateral, cada línea contratada fue incrementada en 9 euros.

Como consecuencia de los anteriores hechos, el cliente interpuso una demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad contra Más Móvil (Xfera Móviles S.A.U.), solicitando una indemnización de 559,65.-€ por incumplimiento de obligaciones e interrupción del servicio, además del reembolso de las cantidades abonadas indebidamente (art. 47.1 k de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones), solicitando a su vez la anulación de los compromisos de permanencia.

Por su parte, la compañía telefónica reconoció el derecho del cliente a la aplicación del descuento, reconociendo su error en la falta del descuento y habiendo procedido al reembolso de la cuantía de 48,20.-€ por este concepto, de un total de 72,60.-€ que implicaría el descuento, por lo que únicamente restaba por abonar la cantidad de 24,20.-€. A su vez, asumió el error en la baja de la línea solicitada por el cliente, quien estuvo sin servicio desde el 10 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2020, mostrando su conformidad en relación a la indemnización solicita por importe de
559,65.-€, oponiéndose únicamente a la anulación de los compromisos de permanencia.

Por todo ello, la Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº3 de Alcobendas dicta Sentencia condenatoria condenando a Mas Móvil al pago de la cantidad de 72,60.-€, por descuentos no aplicados y al abono de la cantidad de 559,65.-€ en concepto de indemnización por error en la baja de las líneas telefónica y fibra.

Desde GABINETE AGGAR le animamos a que nos consulte para cualquier reclamación que desee realizar por el mal funcionamiento y/o incremento en el coste de los servicios contratados con su compañía telefónica, no deje que le engañen y asesórese sobre los derechos que le amparan.

Aceptar la Herencia

ACEPTAR LA HERENCIA… ¿O NO?
En los últimos tiempos, y debido a la situación social pero sobre todo económica, en la que, por
desgracia se encuentra gran parte de la sociedad es cada vez más frecuente renunciar a la
herencia, pues los herederos no pueden hacer frente a los gastos e impuestos derivados de
recibir los bienes de la herencia.
Sin embargo, algo poco conocido es que la renuncia a la herencia también tributa en
determinados casos y por ello vamos a tratar en el presente artículo las cuestiones a tener en
cuenta si nos encontramos ante una situación parecida.
¿En que supuestos tributa la renuncia?
A modo de resumen podemos decir que la persona que renuncia a la herencia, a no ser que la
renuncia sea pura y simple, tiene que hacer frente al impuesto de sucesiones y la persona que
acaba recibiendo la herencia a causa de la renuncia del primero debe hacer frente al impuesto
de donaciones.
a) Forma de renuncia
Se puede renunciar a la herencia de forma pura y simple o a favor de un tercero, la primera
opción conlleva que el que renuncia nunca adquirió la herencia por lo que solo tributará la
persona que de forma efectiva acabe heredando los bienes. En la segunda opción sin embargo
se considera que el renunciante sí que ha adquirido dichos bienes y por tanto tributarán los
dos, el primero por sucesiones y el siguiente por donación.
En caso de la renuncia a favor de tercero, se entiende que al haber adquirido los bienes y
renunciar a ellos posteriormente, el renunciante debe pagar a parte del impuesto de
sucesiones, el IRPF por la ganancia o pérdida patrimonial obtenida, además deberá declarar la
plusvalía salvo que el terreno haya perdido valor con la transmisión, y por ultimo deberá
tributar por impuesto sobre el patrimonio si supera los mínimos exentos.
b) Renunciar a una herencia prescrita
Es cierto que depende del tiempo transcurrido desde la muerte es posible que nos
encontremos con que haya prescrito el derecho de hacienda de exigirnos el Impuesto de
sucesiones. En estos casos el beneficiario que reciba los bienes de la herencia deberá tributar
por donación tanto si la persona que renunció a la herencia lo hizo de forma pura y simple o en
beneficio de un tercero.
Además, si la renuncia a la herencia que ha prescrito fue a favor de tercero, el renunciante no
pagara el impuesto de sucesiones pues ha caducado pero si deberá tributar el IRPF, la plusvalía
municipal y el impuesto sobre el patrimonio (por los ejercicios no prescritos) pues en este caso
se considera, como hemos dicho que el renunciante adquirió los bienes en el momento del
fallecimiento.
Si se encuentra en una situación parecida no dude en ponerse en contacto con nosotros,
nuestro departamento legal estará encantado de resolver sus dudas.

¿PUEDE ENTRAR LA POLICÍA EN MI DOMICILIO SI INCUMPLO LA NORMATIVA COVID?

En los últimos días hemos asistido a una polémica sobre la entrada de agentes de policía en domicilios privados derivado del incumplimiento de la normativa Covid por
parte de las personas que allí se encontraban, y la verdad es que es inevitable que surja la pregunta que da lugar a este artículo.
Pues bien, adelantamos que para dar respuesta a dicha cuestión es necesario en primer lugar tener claros ciertos conceptos clave como por ejemplo que se considera
domicilio, que significa inviolabilidad del mismo, casos de entrada autorizada en domicilio regulada por ley etc… y en segundo lugar habrá que atenerse a las
circunstancias específicas de cada caso.

Entrando en materia, ¿Qué es la inviolabilidad del domicilio?
La inviolabilidad del domicilio se encuentra recogida en el artículo 18.2 de la Constitución Española y es un derecho fundamental de todas las personas que habitan
una vivienda y que impide que nadie pueda entrar en el domicilio al margen de que se encuentre o no en él el titular del mismo.
Si atendemos a las leyes y a la jurisprudencia de nuestro país, existen únicamente tres circunstancias que facultan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a entrar en
un domicilio y son: la comisión de un delito flagrante, una orden judicial suficientemente fundamentada y motivada o, en su caso, el consentimiento del titular
de la vivienda.

Cabe destacar que un cohabitante de la vivienda no puede vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio puesto que habita en él, aunque si que podrá vulnerar el
derecho a la intimidad de los demás cohabitantes

¿Qué se entiende por domicilio?
Se puede definir como domicilio el espacio apto para desarrollar en él vida privada aunque sea de modo eventual y no permanente, por lo que se puede
considerar domicilio a efectos del 18.2 de la Constitución una habitación de hotel, una tienda de campaña etc…
Por tanto y como hemos dicho anteriormente para dar una respuesta concreta a cada caso deberemos prestar especial atención a las particularidades de cada situación y a
las consideraciones teóricas que hemos explicado.
Si usted se ha visto en una situación semejante a la expuesta no dude en contactarnos, estaremos encantados de orientarle.

LA CONVIVENCIA CON UNA NUEVA PAREJA ES CAUSA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO AL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha determinado las consecuencias que produce la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja en el domicilio familiar, cuyo uso se atribuyó en la sentencia de divorcio o separación.
El criterio adoptado por la Sala es el resultado del recurso interpuesto por el Fiscal contra una Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, la cual contradecía lo dispuesto en el artículo 96 del Código Civil que prevé, en defecto de acuerdo por los cónyuges aprobado judicialmente, el uso de la vivienda familiar y su ajuar corresponde a los hijos y al cónyuge custodio.
En el caso en cuestión, se atribuyó el uso de la vivienda familiar a la madre y los hijos comunes y, tras el divorcio, ésta inició una nueva relación sentimental con un hombre que se trasladó a vivir a dicho domicilio. El padre se encontraba pagando una pensión de alimentos para sus dos hijos además del 50% del préstamo hipotecario con el que estaba gravado el inmueble familiar. Ante tal situación, el ex cónyuge solicito la extinción de la atribución del uso de la vivienda familiar y, para el caso de que no procediera tal petición, la reducción de la pensión alimenticia.
En primera instancia se denegó la extinción del uso pero se accedió a la reducción de la pensión alimenticia, de 500 a 400 €. Recurrida la Sentencia, la Audiencia Provincial determina que “…la entrada de una tercera persona en el ámbito sentimental de la esposa y materialmente en la que fue vivienda familiar hace perder a la vivienda su antigua naturaleza de vivienda familiar por servir en su uso a una familia distinta y diferente. Por ello la sentencia de la Sala Primera de 19 de noviembre de 2013 solo considera vivienda familiar aquella en que la familia haya convivido, con una voluntad de permanencia de manera que usando este criterio consideramos que desaparecida esa familia, bien unida o disgregada, la vivienda ha de perder también la consideración de vivienda familiar. Porque como señala la sentencia citada no puede calificarse de familiar a la vivienda que no sirve a los fines del matrimonio y estimamos que no tiene sentido que los hijos y el custodio sigan manteniendo el uso de un inmueble que ya no sirve a sus primitivos fines más allá del tiempo que se necesite para liquidar la sociedad ganancial”.
Asimismo, no se accede a la petición solicitada referente a la venta inmediata del inmueble o su adjudicación a uno de ellos en aras de garantizar el interés superior de los menores, instando a liquidar la sociedad de gananciales, manteniéndose su uso hasta entonces.
Contra la anterior resolución el Ministerio Fiscal formuló recurso ante el Tribunal Supremo, alegando la infracción del artículo 96.1 del Código Civil »por vulneración en este tipo de procedimientos del principio prioritario del interés del menor, conforme a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo». No obstante, nuestro Alto Tribunal considera que ello se consigue no solo con mantener el mismo ambiente que proporciona la vivienda familiar, sino con una respuesta adecuada de sus padres a las dificultades económicas que resultan del divorcio, para afrontar tanto los gastos que comportan la doble ubicación de los padres, como los alimentos presente y futuros.
En definitiva, el Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, y ratifica todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la Audiencia Provincial de Valladolid.
En GABINETE AGGAR nos encontramos a su entera disposición para asesorarle y garantizarle la mejor defensa jurídica en asuntos de familia.

 

 

SE ESTIMA LA DEMANDA DE DESAHUCIO INSTADA POR UN PADRE PARA ECHAR DE CASA A SU PROPIO HIJO

Se estima, por la Audiencia Provincial de Huelva, la demanda de desahucio interpuesta por un padre contra su propio hijo, con el que convivía. A pesar de que en primera instancia se desestimó la demanda, se revoca la sentencia argumentando que el demandado carece de título que legitime la ocupación, condenándole así al desalojo de la vivienda.
El hecho de que el hijo carezca de medios propios para subsistir, teniendo derecho a una pensión de alimentos a cargo de su progenitor, no le atribuye un titulo legitimador para continuar ocupando el inmueble propiedad de su padre.
El derecho de alimentos, recogido en el 237-1 del Código Civil de Cataluña o artículo 149 del Código Civil Español, no atribuye a su beneficiario (alimentista) un derecho a vivir bajo el mismo techo que el obligado al pago (alimentante), en su contra, el articulo 149 referido atribuye esta facultad de decisión al alimentante.
Asimismo, no es impedimento al desahucio pretendido que la causa por el cual el padre inste el desahucio contra su hijo sea la mala relación existente entre ambos, careciendo de relevancia legal tal circunstancia.
A pesar de que el hijo haya contribuido al pago de algunos gastos del domicilio que compartían, el Tribunal dictamina que ello no es equivalente al pago de una renta que enerve la acción de desahucio precario ejercitada.
En conclusión, el hijo se encuentra ocupando la vivienda sin título que le habilite para ello, motivo por el cual procedente el desahucio interpuesto por el padre.
Desde GABINETE AGGAR estaremos encantados de asesorarle respecto a los conflictos que puedan surgirle entorno a derecho de familia y/o desahucios en general.

Abogados-Aggar-Viladecans

NULO EL DESPIDO POR SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID + 6.000 € DE DAÑO MORAL

El despido disciplinario comunicado a una trabajadora al día siguiente de
informar a la empresa sobre padecer una sintomatología compatible con COVID-19,
ha sido declarado por el Juzgado de lo Social nº9 de Murcia nulo, condenando
además a la empresa ha abonar la cantidad de 6.250 euros en concepto de
indemnización por daño moral.
La trabajadora comunicó a su encargado a través de un mensaje de
''WhatsApp'' que llevaba un par de días padeciendo síntomas compatibles con la
infección por COVID-19, tales como, tos, dolor de garganta, dificulta respiratoria, etc.
En consecuencia, el médico le otorgó la baja por incapacidad temporal ante un posible
contagio, activándose el correspondiente protocolo sanitario, medidas entre las cuales
se encuentra la cuarentena domiciliaria por un periodo de dos semanas.
Como justificación del despido disciplinario, la empresa imputó a la trabajadora
la comisión de dos infracciones muy graves relativas a falta de rendimiento continuado
y voluntario en sus tareas, la primera, por tardar un 30% más de tiempo que el resto
de trabajadores en el desempeño de las mismas tareas, y la segunda, por falta de
transmisión de los pedidos con suficiente aprovisionamiento, ocasionado falta de
producto.
En consecuencia, la trabajadora interpuso la correspondiente demanda,
solicitando que se considerara nula la extinción de la relación laboral, además de
reclamar la suma de 6.250 euros en concepto de indemnización por vulneración de
sus derechos fundamentales y la parte correspondiente a la nómina del mes corriente,
además de días de vacaciones.
La Sentencia considera que existen indicios suficientes para estimar que el
despido se ha realizado vulnerando derechos fundamentales, el cual fue comunicado
horas después de poner en conocimiento de la empresa la posibilidad de haber
contraído COVID-19, que no puede negar el desconocimiento de tal circunstancias por
los mensajes enviados por la demandante, habiendo hecho referencia a los mismos en
la propia carta de despido.
La precipitación de la empresa en despedir a la trabajadora conduce a pensar,
según la resolución, que el verdadero motivo no era su bajo rendimiento sino el temor
a las repercusiones de conocerse que una trabajadora, que esta de cara al público,
habría sufrido un posible contagio, tratándose de una enfermedad estigmatizante que
produce rechazo a terceras personas.
Determina el Juzgado de lo Social que el despido se ha realizado vulnerando
los derechos fundamentales de la trabajadora, en concreto se ha infringido la
prohibición de discriminación (art. 14 de la C.E.), el derecho a la integridad física y a la
salud (art. 15 de la C.E.), al basarse en el hecho de que la trabajadora podría estar
infectada por un virus contagioso. Por lo tanto, el despido se determina que es nulo y
la empresa debe de readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones y abonar los
salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de readmisión.

Por último, en cuanto al daño moral, refiere la sentencia que ''resulta muy difícil
o costoso para la parte demandante acreditar el importe''. A pesar de ello, el juzgador
encuadra la conducta de la empresa como una infracción muy grave, tipificada en el
artículo 8.12 de la LISOS, por lo que estima correcto el importe resarcitorio por importe
de 6.250.-€.
Desde GABINETE AGGAR estamos a su entera disposición para el caso de
que se encontrara ante una situación similar, un despido por vulneración de derecho
fundamentales de cualquier índole o consulta laboral que desee realizar.

NUEVA SENTENCIA SOBRE GASTOS HPOTECARIOS

Sobre el tema de los gastos hipotecarios existe numerosa jurisprudencia y doctrina al respecto, demasiadas opiniones contradictorias según del lado que emita la opinión, pues si bien el consumidor entiende que se le ha obligado a pagar por conceptos que debería asumir el banco, las entidades bancarias consideran que sin esos pagos por parte del cliente éstos no hubieran podido acceder al préstamo hipotecario pues sin la garantía de elevar la escritura a público, entre otros, la entidad nunca hubiese concedido la hipoteca.
Después de años de cambios de criterios a nivel judicial, y de la negativa habitual de los bancos a devolver cantidad alguna de forma extraprocesal, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en referencia a quien debe asumir la tasación de la vivienda, complementando así los demás criterios de los que ya se había pronunciado con anterioridad.
El Tribunal Supremo ha dictado recientemente una nueva sentencia (STS 35/2021 de 27 de enero) en relación a los gastos hipotecarios mediante la cual obliga a las entidades bancarias a asumir el coste de los gastos de tasación de la vivienda de todas las hipotecas firmadas con anterioridad al año 2019.
Por tanto, a partir de ahora, los usuarios tienen derecho a reclamar el 100% de los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, y el 50% de los gastos de notaría.
Como sabemos, en relación al impuesto, que es la partida más cuantiosa de los gastos hipotecarios, debe ser asumida por los propios usuarios al 100%.
Por último, y para poder reclamar estos gastos judicialmente, existe controversia sobre cuando caduca el derecho del usuario a reclamarlos pues si bien el criterio es unánime en cuanto a que las acciones para reclamar la nulidad de las cláusulas ni caduca ni prescribe, no es tan claro que desde cuando se aplica el plazo para la reclamación de las cantidades adeudadas, estableciéndose el mismo de 5 años, pero sin concretar si el término empieza a contar desde el pago de las facturas o desde que el usuario tuvo conocimiento de la nulidad de las cláusulas mediante la sentencia del TS de 26 de enero de 2016.
Si usted se encuentra en una situación como la expuesta no dude en acudir a nosotros, nuestro equipo estará encantado de atenderle y de responder a todas sus dudas.

Novedades Fiscales 2021

En este artículo intentamos resumir las principales novedades fiscales para el año 2021 y también para las declaraciones del ejercicio 2020 pero cuyas declaraciones todavía están pendientes de presentación.

Impuesto sobre Sociedades:

-Para las empresas de reducida dimensión en los ejercicios 2020 y 2021, podrán deducir las pérdidas por deterioro de los créditos derivados de las posibles insolvencias de deudores cuando en el momento del devengo del impuesto el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación sea de 3 meses en lugar de 6.

Impuesto sobre la Renta de NO Residentes:

-Se les reconoce la exención por reinversión en vivienda habitual para contribuyentes de la UE o del EEE

-El tipo de gravamen general pasa del 19% al 24%

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

-Se incrementan los tipos de gravamen para los dividendos, intereses y ganancias patrimoniales a:

* desde 0 hasta 6.000.-€ se aplicará el 19%
* desde 6.000 a 44.000 se aplicará el 21%
* desde 50.000 a 150.000 se aplicará el 23%
* a partir de 200.000 se aplicará el 26%

-Reducciones en la Base Imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión personal:

* Como regla general, sobre las aportaciones realizadas se reducen de

los 8.000.-€ actuales a 2.000.-€

-Sobre las normas de disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en situaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID, las cantidades
dispuestas serán tratadas como Rendimientos de Trabajo para su perceptor

-Desde el 1-1-2021, los arrendadores que NO sean grandes tenedores de inmuebles (más de 10 inmuebles), se podrán computar como gasto deducible, la
rebaja en la renta que voluntariamente hayan acordado las partes a partir del 14-03-2020, correspondientes a las mensualidades devengadas en los meses de enero,
febrero y marzo de 2021

-Para los empresarios y arrendadores en los ejercicios 2020 y 2021, podrán deducir las pérdidas por deterioro de los créditos derivados de las posibles insolvencias de deudores cuando en el momento del devengo del impuesto el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación sea de 3 meses en lugar de 6.

-Las ayudas recibidas por el Plan Renove 2020, tributarán como ganancia patrimonial

Impuesto sobre el Patrimonio

-Con efectos desde 1-1-2021, se aumenta el tipo de gravamen aplicable al último tramo de la tarifa que pasa de 2.5% al 3.5%

Esperamos desde el Gabinete AGGAR que este artículo haya sido de vuestro interés

Cordialmente,
Dpto. Fiscal

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