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DERECHO LABORAL – ¿Qué sucede si mientras estoy de vacaciones me veo obligado a coger la baja médica?

DERECHO LABORAL – ¿Qué sucede si mientras estoy de vacaciones me veo obligado a coger la baja médica?

Esta es una pregunta que muchos trabajadores se hacen, puesto que se habla poco o nada sobre el asunto y existen un gran desconocimiento al respecto.

Lo cierto es que, durante el periodo vacacional el contrato que te vincula al empresario sigue en vigor, por lo que, si desgraciadamente existe una incapacidad temporal o baja laboral durante ese periodo puedes disfrutar del resto de tiempo de vacaciones después.

¿Pero, que dice la legislación española?

Se recoge en el artículo 38.3 del Estatuto de los trabajadores lo siguiente:

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis de esta Ley, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado”.

En resumen, el trabajador afectado podrá disfrutar de las vacaciones una vez finalizada la incapacidad dentro de los 18 meses siguientes a partir del final de año en el que se hubiera causado el derecho a dicho periodo vacacional. Esta casuística se aplica a los casos en que la incapacidad o baja laboral se curse antes o durante las vacaciones.

Un dato a tener en cuenta es que, si recibes el alta dentro de tu periodo vacacional debes disfrutar de los días de vacaciones que te queden, es decir, si tenías 30 días de vacaciones y te dan el alta el día 15, debes disfrutar de los 15 días restantes. Una vez finalizados, debes incorporarte al trabajo, hablarlo con tus superiores y recuperar dichos 15 días que no disfrutaste durante los 18 meses siguientes.

Obviamente, al tratarse de una situación poco frecuente tanto para la empresa como para el trabajador, se suelen dar lugar a malos entendidos derivados del desconocimiento, negándose la empresa a dar dichas vacaciones con posterioridad, o teniendo algún defecto la petición o comunicación de dicho disfrute por parte del trabajador, por lo que desde nuestro departamento de laboral les recomendamos acudir a nosotros desde un principio para evitar que dicha problemática llegue a instancias judiciales.

 

Derecho De Un Propietario Frente a la Comunidad

DERECHO DE UN PROPIETARIO FRENTE A LA COMUNIDAD

Las comunidades de propietarios se regulan en la Ley de Propiedad Horizontal y tienen una especialidad y es que se combina un derecho privativo que viene aparejado a la propiedad del inmueble que se ha comprado y una vertiente de copropiedad sobre los elementos comunes y que pertenecen a la comunidad en general, es decir, se es copropietario de estos elementos junto con los demás comuneros. Así las cosas, hay que determinar muy bien donde empiezan nuestros derechos como propietarios y como copropietarios. De esta forma, la Ley de Propiedad Horizontal reconoce como derechos como propietarios:

Uso y disfrute: el propietario tiene derecho a usar y disfrutar de aquello que es de su propiedad siempre y cuando respete las normas comunitarias y no se produzca un abuso de derecho.

Enajenación: el propietario de una vivienda puede vender dicho inmueble cuando y como quiera siempre y cuando respete los límites que existan derivados de la copropiedad.
Por ejemplo: si en una comunidad de vecinos la piscina es copropiedad de todos ellos, uno de los propietarios no puede transmitir su vivienda junto con la piscina puesto que solo es propietario de una parte de la piscina y no de la totalidad.

Exigir innovaciones necesarias: si la comunidad necesita de una obra o cualquier mejora que sea en busca de la conservación, habitabilidad, accesibilidad y seguridad de la comunidad y de sus miembros la comunidad tiene la obligación de llevarlas a cabo.
Por ejemplo: en una comunidad existe una persona que se desplaza en silla de ruedas. La comunidad está obligada a realizar las obras necesarias (construcción de rampa, instalación de ascensor) para que dicha persona pueda acceder a su casa con total facilidad.

Ejercitar acciones judiciales: si los demás comuneros no respetan los derechos anteriores y se ven perjudicados los intereses de uno de los propietarios, este está facultado de interponer las acciones legales correspondientes.

Otros derechos: los propietarios integrantes de una comunidad tienen derecho a asistir a las Juntas de propietarios, a votar en las mismas siempre y cuando no tengan deudas pendientes con la comunidad.

No todo son derechos en el régimen comunitario de la propiedad horizontal, sino que también, y como hemos visto existen obligaciones. Como suele decirse, la libertad de uno termina cuando empieza la del otro.
Si tiene alguna duda o consulta al respecto no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Otra Nueva Victoria Contra Hacienda De Nuestro Gabinete AGGAR

OTRA NUEVA VICTORIA CONTRA HACIENDA DE NUESTRO GABINETE AGGAR

En Viladecans a 21 de noviembre de 2019

Esta vez ha sido la Unidad Regional de Gestión Tributaria de Barcelona quien por medio de una notificación ha requerido a un cliente de nuestro Gabinete AGGAR.

Mediante dicha notificación, la Administración mantenía que al ser el administrador de una sociedad limitada el único trabajador y siendo su actividad el arrendamiento de inmuebles, se consideraba que no podía acogerse al beneficio fiscal de aplicar la escala de gravamen de la entidades de reducida dimensión al comprobar la Tesorería General de la Seguridad Social que la empresa no presentaba ningún modelo TC1.

Para no perder la capacidad de comprobación, la Administración no solicitaba comprobar el último ejercicio fiscal presentado (ejercicio 2018), sino que se refería al ejercicio 2015, para que en el caso que nuestro cliente no pudiese justificar en nombre de su empresa el derecho a aplicarse la escala de gravamen de las entidades de reducida dimensión, se rompiesen los plazos de prescripción y además pudiesen iniciar expedientes por el resto de los ejercicios fiscales hasta el último presentado.

Pues el resultado ha sido satisfactorio para los intereses de nuestro cliente ya que la Administración ha tenido que notificarle la finalización de dicho expediente aceptando todas y cada una de las alegaciones que nuestro despacho presentó en tiempo y forma defendiendo así los intereses de nuestro cliente

Animamos a las empresas y empresarios que todavía no son clientes de nuestro Gabinete AGUAR-GARCÍA, S.L.P. , a que nos soliciten por medio de esta web o llamando al teléfono que sale en la misma para mantener una reunión y explicarnos su caso.

Atentamente,

Departamento Fiscal

Delito de Injurias y Calumnias

DELITO DE INJURIAS Y DE CALUMNIAS
Muchas veces, derivado de la costumbre social, se suele escuchar que alguien ha denunciado a otro por injurias y calumnias. Esta afirmación crea confusión pues muchos piensan que se trata de un mismo delito pero lo cierto es que, a pesar de que ambos son delitos contra el honor, se trata de dos delitos diferentes y por eso se penan por separado en nuestro ordenamiento jurídico.
Dichos delitos están tipificados en los artículos 205 y 208 del Código Penal español.
¿En qué consiste el delito de injurias? ¿Y el de calumnias?
El delito de injurias se recoge como la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Aunque solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. La pena aparejada es de 3 a 7 meses sin publicidad y de 6 a 14 meses si se propaga con publicidad.
Sin embargo, las calumnias es la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. La pena aparejada será la de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses si se propaga con publicidad o multa de 6 a 12 meses si no.
Entonces, a modo de resumen ¿cuál es la diferencia básica entre ambas? Pues el hecho diferencial esencial reside en que si para lesionar el honor de otro se está imputando un delito se trata de un delito de calumnias y si no se trata de un delito de injurias.

Veamos un ejemplo:
Delito de calumnias: María comenta con unas amigas que ha visto a Pedro cogiendo dinero de forma reiterada de la caja de la tienda donde éste trabaja. Pero lo cierto es que Pedro nunca ha cogido ese dinero y Maria está diciendo esas cosas de él porque le cae mal.
En este caso María está dañando el honor de Pedro diciendo que ha cometido un delito de hurto o robo. Al estar imputándole un delito a Pedro, a sabiendas de que es mentira, María esté cometiendo un Delito de Calumnias.
Delito de injurias: Sofía, que es periodista, publica en su periódico que una persona muy conocida no tiene una buena higiene y la insulta repetidamente en el cuerpo de su artículo.
En este caso, Sofía está cometiendo un delito de injurias graves puesto que está dañando el honor de una persona al verter comentarios despectivos sobre su persona.
Si se encuentra en una situación similar, póngase en contacto con nuestro equipo jurídico.

El Tribunal Constitucional tumba la plusvalía municipal cuando el impuesto supera las ganancias

El Tribunal Constitucional tumba la plusvalía municipal cuando el impuesto supera las ganancias

Estimados clientes,
Este es el tercer artículo que dedicamos al tema controvertido y en defensa de los derechos de nuestros clientes sobre la ilegalidad del afán
recaudatorio de las Administraciones Públicas.
Desde hace más de 2 años, los profesionales del derecho fiscal seguimos actuando ante la maquinaria confiscatoria de muchos Ayuntamientos y en defensa del derecho de los contribuyentes.
Desde nuestro Gabinete AGGAR, seguimos la lucha en este sentido. A la espera de poder conocer el escrito de la Sentencia del Tribunal
Constitucional, se ha informado de la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Plusvalía), no solo en el caso cuyo incremento de valor sea cero sino también en el caso que la ganancia obtenida sea inferior a la cuantía del
impuesto requerido por los Ayuntamientos.
En concreto, el tribunal ha declarado que el artículo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es
inconstitucional.
Dicho artículo 107.4, expone:
Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje
anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:
a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.
b) Período de hasta 10 años: 3,5.
c) Período de hasta 15 años: 3,2.
d) Período de hasta 20 años: 3.

tribunal-consitucional-plusvalia
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por
los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.
Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Por lo tanto, quedamos a la espera de poder leer el documento completo y exacto de dicha Sentencia para que podamos comunicar a
todos nuestros clientes la estrategia a seguir para solicitar la devolución de las plusvalías ilegalmente pagadas a los Ayuntamientos cuando no ha existido incremento de valor del inmueble transmitido y si aún existiendo dicho incremento, ésta ha sido inferior al cuota tributaria pagada.

Saludos cordiales

Dpto. Fiscal
Gabinete AGGAR

Vicios Ocultos en una Compra – Venta

VICIOS OCULTOS EN UNA COMPRAVENTA

¿Qué sucede si compramos algún bien y una vez en nuestro poder descubrimos que nos han dado “gato por liebre”?

Si nos encontramos en esta situación debemos analizar ciertos parámetros para descubrir si nos han vendido el objeto con vicios ocultos.

¿Que son los vicios ocultos?

En el código civil se recoge que son vicios ocultos aquellos defectos graves que padezca un objeto o inmueble de tal manera que quede inservible para su uso habitual o que si el comprador hubiera sido conocedor de los mismos hubiera dado menos dinero por ellos.

¿Qué requisitos se han de cumplir?

Que los daños o desperfectos sean anteriores a la venta del objeto
Que sean ocultos y por lo tanto no puedan apreciarse a simple vista
Que sean graves, tanto que si hubieran sido conocidos por el comprador éste no lo hubiera comprado o hubiese dado menos dinero por el bien.

Y ahora, ¿qué alternativas tenemos?

En primer lugar podemos desistir del contrato, pidiendo una indemnización si se demuestra que el vendedor era conocedor de los vicios ocultos.
También podemos minorar el precio del bien o como última opción podemos pedirle al vendedor que “sanee” el objeto, es decir, la reparación de los vicios ocultos.
Para ejercitar cualquiera de estas opciones tenemos el plazo de 6 meses desde la entrega del bien siendo interrumpido el plazo si ha habido reclamaciones durante ese periodo.

Si ha realizado o va a realizar alguna compraventa no dude en contactar con nosotros, nuestro departamento civil le asesorará para que no se produzcan este tipo de situaciones.

vicios-ocultos

Acoso Escolar

Empieza septiembre y, con él, la vuelta de los más pequeños de la casa al centro escolar. Esta vuelta a la rutina es acogida con alegría por muchos de ellos pero lo cierto es que hay otros que la reciben con miedo y temor.

No es un secreto que en los centros escolares se vienen repitiendo casos de acoso entre los menores pero solo en ciertos casos se puede considerar delito dicho comportamiento, es más no solo se comete un delito si no que en ocasiones se cometen varios de ellos.

En primer lugar, y antes de exponer los delitos que pueden comprenderse dentro del acoso escolar cabe poner de manifiesto que en nuestro código penal no se encuentra recogido un tipo penal con ese nombre, si no que se suele encajar en diferentes conductas que sí que están recogidas en esa ley. Recodemos que los menores de 14 años son inimputables, y los comprendidos entre los 14 y los 18 años serán juzgados por la Ley del menor.

En resumen, los diferentes delitos en los que pueden englobarse las conductas englobadas dentro del acoso escolar son los siguientes:

– Delito de acoso cuando se cometen actos que menoscaban su sensación de libertad y seguridad.
– Delito de descubrimiento de secretos cuando se comparten imágenes o vídeos íntimos de la víctima.
– Delito contra la integridad moral cuando se inflige un trato denigrante menoscabando la integridad de alguien de forma grave ya sea por la comisión de un acto grave o por la reiteración de actos leves que constituyan uno grave.
– Delito de amenazas cuando se dan lugar insultos, amenazas o injurias hacia la víctima.
– Delito de inducción en al suicidio o de homicidio imprudente cuando se le incita a otro con la intención de que éste se suicide y se logra demostrar la relación de causalidad. Si la víctima se suicida pero no era esa la intención del acosador se le acusará de homicidio imprudente.
– Delito de lesiones cuando se producen agresiones tanto físicas y psicológicas que provoquen una lesión en la víctima.

Si se encuentra en alguno de estos casos, no dude en contactar con nosotros, nuestro equipo especializado en derecho penal le atenderá y ofrecerá las soluciones a su caso en particular.

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Los autónomos podrán exonerarse de más del 50% de la deuda con Hacienda y Seguridad Social

Los autónomos podrán exonerarse de más del 50% de la deuda con Hacienda y Seguridad Social con una nueva Sentencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo acaba de dar un gran balón de oxígeno a los autónomos españoles con deudas con Hacienda y la Seguridad Social. La Ley de Segunda Oportunidad que se aprobó en 2015 (Real Decreto-ley 1/2015 del 27 de febrero) dejaba fuera la exoneración de los créditos con el Fisco español, lo que convertía a la norma que daba a los empresarios personas físicas la posibilidad de comenzar de nuevo en papel mojado. A partir de ahora, una sentencia del Supremo (STS de 381/2019, de 2 de julio) permitirá a los autónomos que puedan librarse de hasta el 75% de su deuda con Hacienda y la Seguridad Social y comenzar de cero.

El Supremo amplía en dicha sentencia la capacidad de los juzgados de lo mercantil para actuar sobre las deudas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, que la Ley dejaba, hasta ahora, fuera de exoneración. La nueva jurisprudencia permitirá que los autónomos puedan tener una segunda oportunidad real, ya que la deuda con el Fisco y la Seguridad Social se convierte, en muchas ocasiones, en el mayor quebradero de cabeza para los empresarios personales.

Con fecha de dos de julio, la sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la Agencia Tributaria (AEAT) contra una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (diciembre de 2015), en la que se daba la razón a una persona que se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad. El fallo no solo deja en manos de los juzgados de lo mercantil el fraccionamiento de la parte no exonerable del crédito público (hasta ahora Hacienda tenía la última palabra), sino que “de facto abre la puerta a que a los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas, en concreto el crédito ordinario subordinado (intereses, recargos, sanciones y un 50% de la cuota)”, según la asociación de autónomos ATA.

El resto —el crédito privilegiado, aquel que tiene prioridad de pago— podrán abonarlo en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años que tenga en cuenta su capacidad económica real. Es decir, en la práctica los autónomos en crisis podrán ver cómo los tribunales les perdonan hasta el 75% de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social.

Hasta ahora la Ley de Segunda Oportunidad había sido un auténtico fracaso. Apenas 9.000 personas se habían acogido desde su entrada en vigor en julio de 2015, una cifra muy lejana de los más de 100.000 que se han beneficiado de medidas similares en Alemania o Francia, según las estimaciones de Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, que emplea datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El pronunciamiento del Tribunal Supremo limita, en gran medida, la situación preferente de la Administración tributaria ante la solicitud de exoneración de las personas físicas sometidas a un proceso concursal. ATA solicita al Gobierno que remiende la Ley de Segunda Oportunidad para adaptarla a la sentencia del Supremo.

TS Sentencia que es Lícito Solicitar a la vez Suspensión y Aplazamiento

AL FIN UNA INJUSTICIA MENOS AL SENTENCIAR EL TRIBUNAL SUPREMO QUE ES LÍCITO SOLICITAR A LA VEZ LA SUSPENSIÓN Y EL APLAZAMIENTO DE DEUDAS CON HACIENDA

El alto tribunal da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de compatibilizar solicitudes de suspensión y aplazamiento deudas con Hacienda, según el fallo de la sentencia. De este modo, el Alto Tribunal estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, anulando el apartado 8 del artículo 46.
El Supremo entiende que la modificación de este apartado 8 supone un nuevo supuesto de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento no contemplado en la Ley General Tributaria, lo que evidencia la ausencia de cobertura legal al respecto, necesaria, como reconoce el propio articulo 44.2 del reglamento, según el cual serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las excepciones previstas en las leyes.
El Supremo recuerda que el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria impide el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.
Por tanto, en este apartado, la LGT anuda la imposibilidad de pedir aplazamiento ante la firmeza de la resolución -administrativa, económico administrativa o jurisdiccional- a que dicha resolución
haya sido objeto de suspensión, explica el Supremo. Sin embargo, el apartado 8 del artículo 46 RGR anticipa la imposibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento a un momento anterior, es decir, al momento mismo en el que, eventualmente, se solicite la suspensión.
Por lo demás, el Alto Tribunal entiende que esta modificación reglamentaria podría generar efectos colaterales cuando, por ejemplo, el artículo 60.2 LGT prevé que no pueda admitirse el pago en especie de deudas tributarias que tengan la condición de inaplazables, respecto de las que el propio artículo 60.2 LGT remite a los supuestos del artículo 65.2 de la Ley General Tributaria.
El Tribunal Supremo no comparte que el apartado 8 del artículo 46 RGR tenga por objeto únicamente la ordenación de las solicitudes y que, a estos efectos, simplemente priorice la solicitud de suspensión sobre la de aplazamiento.
Entendemos que el apartado 8 del artículo 46 RGR no persigue posponer la tramitación y resolución del aplazamiento hasta que resuelva la petición de suspensión, sino que determina directamente su archivo, sin que ese archivo al que se refiere el art. 46.8 RGR deba tener un alcance distinto del que se decreta en los casos del art. 65.2 LGT.
De ahí, que el Consejo de Estado en su dictamen de 14 de diciembre de 2017 apuntase que en el caso de que la solicitud de suspensión fuese desestimada, debe contemplarse expresamente la posibilidad de que el interesado no tenga que formular una nueva solicitud de aplazamiento y fraccionamiento del pago para que esta sea resuelta por el órgano competente , advertencia que no se ha visto reflejada en el reglamento, habida cuenta de que, incluso, no se considera (se archiva) el aplazamiento o fraccionamiento aunque se hubiese formulado con carácter subsidiario .
El abogado del Estado afirmaba que denegada la solicitud de suspensión, nada impide, como se ha dicho, solicitar el aplazamiento, aunque pudiera calificarse esa solicitud de abusiva, pues en la normativa vigente no existe precepto alguno que lo prohíba.
Sin entrar a considerar que esa nueva petición sea o no abusiva, lo cierto es que se trataría de una nueva petición y, obviamente, debido al discurrir procedimental -pese a que, el procedimiento correspondiente debería encontrarse suspendido mientras se resuelva la solicitud de suspensión bien pudiese ocurrir que en el momento en el que se presenta la nueva petición las circunstancias hubiesen cambiado, lo que a la postre determinaría, una vez más, un condicionamiento añadido por vía reglamentaria que puede llegar a frustrar el ejercicio de un derecho reconocido en la ley. Consecuentemente, el apartado 8 del artículo 46 RGR debe ser anulado, subraya.

Tipos de Despido

La relación laboral que nos une a la empresa para que nos desarrollamos profesionalmente puede llegar a su fin por diversos motivos.

En el post de hoy nos centraremos en analizar los diversos tipos de despidos según las causas que lo provocan, es decir, cuando es el empresario el que decide finalizar el contrato laboral en vigor.

En primer lugar nos encontramos ante el despido disciplinario, que se produce cuando el trabajadora ha incumplido de forma grave y culpable sus obligaciones. Un claro ejemplo de ello es cuando el trabajador disminuye voluntariamente y de forma continua el rendimiento de trabajo, o cuando desobedece las órdenes laborales etc…

En segundo lugar existe el despido objetivo, que se produce cuando se extingue la relación contractual entre las partes derivado de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción imputables a la empresa, faltas de asistencia al trabajo, o por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas en el puesto de trabajo entre otras.

Por último, nos encontramos frente al despido colectivo, que tiene lugar cuando el despido afecta a un número de trabajadores dentro de la misma empresa.

Poner de manifiesto que, a pesar que el empresario sea quien tome la decisión de poner fin a la relación laboral no implica que tenga motivos suficientes para hacerlo, por lo que, si el trabajador está disconforme con los motivos alegados por el empleador en la carta de despido, puede impugnarlo, alegando que el despido es improcedente o incluso nulo, lo que conllevaría un cambio significativo en los efectos del despido y en la indemnización.

Si usted se encuentra en esta situación, no dude en ponerse en contacto con nosotros, nuestro departamento especializado en Derecho Laboral estará encantado de estudiar su caso.

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