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LOS ANIMALES YA NO SON COSAS, SON SERES VIVOS DOTADOS DE SENSIBILIDAD

Desde el pasado miércoles 5 de enero, nuestra legislación ha dejado de considerar a los animales
como “cosas”, siendo ahora “seres vivos dotados de sensibilidad” o “seres sintientes”, con el
fin de garantizar su bienestar, evitando situaciones de maltrato, sufrimiento, abandono o
desatención, para garantizar su protección en el ámbito judicial.

Esta situación conlleva la injerencia en diversas ramas de derecho, para garantizarles su
pretendida protección. En situaciones de crisis matrimoniales, a partir de ahora se deberá
considerar también el interés del animal, determinando un régimen de convivencia y cuidado de
los animales de compañía, estableciéndose acuerdos de custodia compartida de animales de
familia, cuestión que ya ha sido objeto de controversia en los tribunales españoles. Por lo que ante
este tipo de situaciones, en caso de no haber acuerdo entre la pareja, se garantizará la protección
del animal.

También se prevén limitaciones a la guarda y custodia en casos de antecedentes por maltrato
animal ejercido como forma de violencia o maltrato psicológico contra ellos. Es más, en contextos
de violencia de género y doméstica los agresores suelen ejercer violencia también sobre los
animales, o la amenaza de causarla, como instrumento para coaccionar a la víctima.

En materia de sucesiones, en caso de fallecimiento de su propietario, se prevén previsiones
con base en el criterio de bienes de los animales, en situaciones de ausencia de la voluntad
expresa del dueño fallecido.

Tampoco podrán quedar desamparados los animales en los procesos de desahucio, debiéndose
protocolizar y determinar los mecanismos que sean oportunos para garantizarles su protección.
De igual forma, la presencia de animales de compañía en viviendas de alquiler no debería
ser motivo de conflicto.

Finalmente, en el ámbito laboral, en Cataluña existe un antecedente judicial que recoge el
derecho que permite la conciliación con el animal de compañía para ir al veterinario por
enfermedad de éste.

En GABINETE AGGARContactar contamos con un equipo especialista en asuntos de familia, incluyendo
también a los peludos de la casa, si quieres garantizar su protección e informarte al respecto, no
dude en ponerse en contacto con nosotros, le asesoramos sobre los derechos que le amparan a
usted y a los suyos.

COMPRASTE TU COCHE ENTRE 2006 Y 2013, TE PUEDE CORRESPONDER UNA INDEMNIZACIÓN

En 2013 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinó que hasta
34 marcas de coches constituyeron un cártel, perjudicando gravemente la competencia en el
sector de la fabricación de automóviles. En 2015 la CNMC impuso una serie de multas derivadas
de esa actuación contraria a la libre competencia. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha
ratificado las sanciones.
El cártel se realizó en el periodo de los años 2006 al 2013, las marcas que participaron en el
mismo tuvieron un control absoluto del mercado, impidiendo que los consumidores pudieran elegir
libremente sobre el mejor precio o servicio.

¿Qué marcas están involucradas?

Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai,
Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot,
Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota, Volvo.

¿Quién puede reclamar?
Todas las personas que adquirieron un vehículo entre los años 2006 y 2013, ya sea por compra,
leasing o renting de las marcas anteriormente citadas.
¿Cuánto puedo llegar a reclamar?
Se puede reclamar parte del precio que abonaron por el vehículo, consistiendo exactamente en
aquello que se pagó de más como consecuencia de los efectos del cártel. La cuantía depende del
modelo de vehículo adquirido, pero se estima entre un 10% y 15% del precio pagado por el
vehículo.

Plazo para efectuar la reclamación
El plazo de prescripción es de un año, comenzando a contar desde la sentencia del Tribunal
Supremo del 17 de septiembre de 2021.

Si usted ha comprado un vehículo entre el 2006 y 2013, y tienes dudas al respecto, no dude en
contactar con nuestro departamento jurídico. Estamos a su disposición, manteniéndole informado
sobre los derechos que le amparan.

VIOLENCIA FAMILIAR, CAMBIO NORMATIVO DEL CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA

La nueva normativa prohíbe, en casos de violencia familiar, la relación entre padre e hijos
sin necesidad de sentencia.

Las modificaciones del libro segundo del Código civil de Cataluña en relación con la denominada
violencia vicaria, pretenden la prohibición de atribución de la guarda, estancias, relaciones y
comunicaciones entre hijos e hijas y el padre en casos de violencia vicaria machista. No
únicamente se prevé frente al padre, sino también a la madre en aquellos casos que la misma sea
la causante de la violencia familiar.

Con el cambio normativo, no hay que esperar a la sentencia para adoptar medidas de prohibición
de las comunicaciones o estancias de los padres respecto a los hijos, por entender que es la
forma más efectiva para proteger a los hijos, siempre y cuando haya indicios fundamentados de
que ha cometido actos de violencia familiar o machista.

De forma motivada, la autoridad judicial puede acordar que se puedan realizar estancias o
comunicaciones, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor. Por lo que no se
excluyen de forma general, previendo esta excepción que, en caso de que el menor tenga
capacidad suficiente, éste deberá ser escuchado, debiendo justificar la medida atendiendo al
interés del menor.
También se amplían los supuestos en los que no es necesario el consentimiento del progenitor
violento para que los hijos e hijas puedan recibir atención y asistencia psicológicas, con el fin de
garantizar la atención a menores que se encuentran dentro de un ámbito familiar en las que sus
madres son víctimas de violencia machista, todo ello, sin necesidad de tener abierto ningún
procedimiento judicial y también en el caso de menores de entre catorce y dieciséis años, en lo
que respecta al consentimiento de los progenitores o tutores legales.

¿A partir de cuándo se llevarán a cabo estas medidas?
Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del 3 de diciembre de 2021.

violencia-genero

Desde GABINETE AGGAR disponemos de un equipo especializado en asuntos de familia, si
usted tiene algún familiar en esta situación y tiene dudas al respecto, no dude en contactar con
nuestro departamento jurídico. Estamos a su disposición.

SE MANTIENE LA PENSIÓN DE ALIMENTO DE UNA HIJA QUE NO FINALIZÓ SUS ESTUDIOS DE MEDICINA EN 6 AÑOS

La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado Sentencia por la cual impone
el deber de unos padres de seguir asumiendo los costes de los estudios de medicina
que su hija continua cursando en una universidad privada, pese haber transcurrido 6
años desde su inicio.
El tribunal considera que el mero hecho de que transcurridos 6 años desde el
inicio de la carrera universitaria aún no se hayan finalizado los estudios, no es motivo
suficiente para considerar la falta de aplicación en los estudios de la hija a efectos de
considerar extinguida la obligación de los padres de sufragarlos.
Los jueces consideran que, a pesar de la posibilidad de finalizar la carrera de
medicina en 6 años, la aplicación de dicha norma sería demasiado riguroso y
desproporcionado en el presente caso, atendiendo a la alta dificultad de tales estudios
y el notable esfuerzo que requieren.
Se determina que la necesidad de dos cursos o más para la finalización de los
estudios no justifica que se sancione a la hija con la pérdida del derecho a que sus
padres contribuyan al pago de sus estudios.
En cuanto a la capacidad económica de los padres para seguir costeando el
pago de una universidad privada, el tribunal recuerda que ambos lo convinieron así en
su momento, manteniendo ambos una posición económica suficiente, no habiéndose
acreditado ningún cambio sustancial suficiente para imponer un cambio de
universidad.

pension alimento
De todas formas, a pesar de que sea la sentencia de divorcio recoge la
contribución a los alimentos de los hijos entre los propios progenitores, ello no limita al
derecho de la hija a reclamar lo que precise para sus estudios, una vez alcanzada la
mayoría de edad, al margen de los alimentos ordinarios de que es acreedora la madre.
Como consecuencia, se impone a los progenitores el pago por mitad de todos
los gastos reclamados para que su hija continúe sus estudios de medicina en la misma
universidad privada donde venia cursándolos, con independencia de las cantidades
que vienen abonando en cumplimiento de la sentencia de divorcio.
Desde GABINETE AGGAR le instamos a que nos consulte sin compromiso
todas aquellas cuestiones relacionadas con el devengo de la pensión de alimentos con
respecto a sus hijos, garantizándoles el mejor asesoramiento jurídico en esta materia.

INDEMNIZACIÓN CON 7.000€ DE BANKIA A UN CLIENTE POR INCLUIRLE EN UN FICHERO DE MOROSOS Y AVISAR UN MES DESPUÉS

¿Cuándo se puede proceder a la reclamación a una entidad financiera por inclusión en un
fichero de morosos?
Ante el incumplimiento del requerimiento previo de pago, establecido legalmente como requisito
para la inclusión de los datos en los ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito.
Es decir, para poder incluir a un cliente en los mencionados ficheros, debe habérselo comunicado
con anterioridad a su inclusión, de lo contrario, éste tendrá derecho de reclamarle indemnización.

¿Por qué motivo se les puede reclamar indemnización?
El cliente ante esta actuación por parte de la entidad bancaria, puede ejercer su derecho de
cancelación de datos y su derecho al honor, al haber introducido sus datos en ficheros de
información de solvencia patrimonial y crédito sin haber sido informado previamente de ello.

¿Qué ha llevado al Tribunal Supremo dictar sentencia distinta a anteriores instancias?
La entrega de la comunicación al cliente se realizó más de un mes después de las altas. Por lo
que el requerimiento de pago no fue previo, sino posterior a la inclusión de sus datos en los
ficheros de información de solvencia patrimonial y crédito.
La cantidad cuyo pago se requirió, advirtiendo que en caso de no liquidarla en el plazo de diez
días, de informar sus datos a los repetidos ficheros, “fue establecida por la demandada en un acta
de fijación de saldo, tras declarar vencido anticipadamente en la totalidad de su importe el
préstamo concedido al afectado, y detallada como principal en una demanda de ejecución
hipotecaria que después fue sobreseída al declarar el órgano judicial de ejecución nula la cláusula
de vencimiento anticipado consignada en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria que les
vinculaba, lo que impide considerar que dicha cantidad fuera expresiva de una deuda cierta,
vencida y exigible en la que poder fundamentar la comunicación de los datos relativos a su
impago a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias”.
En consecuencia, según el Tribunal Supremo, no concurrían los requisitos necesarios para que
incluyese los datos de su cliente en tales ficheros. Además de infringir los preceptos en materia de
protección de datos, estiman la intromisión en el derecho al honor del actor, condenando a la
entidad financiera a cesar inmediatamente en tal intromisión, realizando lo necesario para ponerle
fin y cancelar los datos del cliente en los mencionados ficheros. Además, debiendo indemnizarle
en la cantidad de 7.000 euros por el daño moral que, “no resulta desajustada” en comparación con
otras indemnizaciones reconocidas en este tipo de procedimientos.

bankia

Desde GABINETE AGGAR le animamos a que nos consulte cualquier reclamación que desee
realizar frente a su entidad bancaria, valorando la similitud con el asunto expuesto. No dude en
contactar con nosotros, le mantendremos informado sobre los derechos que le amparan.

CONDENADA UNA CONSTRUCTORA A INDEMNIZAR A UN VIANDANTE TRAS SUFRIR UN ACCIDENTE CON UN ELEMENTO DE OBRA

La Sentencia de 12 de noviembre de 2020, dictada por la Audiencia Provincial
de Navarra, determina la responsabilidad de una constructora por el accidente sufrido
por un viandante de 84 años, quien tropezó con una manguera que se colocó en la
acera durante la ejecución de unas obras.
En primera instancia la demanda fue desestimada atendiendo que el juez a quo
no consideró acreditada la conducta negligente por parte de la empresa constructora.
Sin embargo, en segunda instancia, el juez ad quem estima el recurso planteado y
condena a la referida entidad al pago de una indemnización por la lesiones sufridas,
considerando que en el presente caso se cumple los requisitos jurisprudenciales de la
responsabilidad civil extracontractual.
El demandante se encontraba paseando por la acera llevando consigo un carro
de la compra, elemento que abocó a que tropezara con la manguera, sin ser posible
achacar tal desvanecimiento a una patología previa.
Deviene evidente que la caída fue consecuencia de un elemento depositado en
la calzada, no habitual y de cierta entidad, y la carencia de señalización, siendo un
peligro activo para los viandantes.
A pesar de que la manguera era de un color vivo, en este caso rojo, este dato
es irrelevante y no exime de la responsabilidad de colocarla de manera que no
ocupara gran parte de la acera, permitiéndose el paso libre de obstáculos en una zona
de la misma, con la necesaria señalización. De haberse cumplido con tales directrices,
el accidente no hubiera ocurrido.
La avanzada edad del demandante no significa por si sola concurrencia causal
alguna, ya que, los viandante tienen derecho a circular libremente por la vía pública en
condiciones óptimas de seguridad, sin tener la necesidad de sortear óbices que
impidan su paso, los cuales, en caso de ser necesarios, deben disponerse de forma
que eviten ser un riesgo para las personas que deambulan por la acera.
En consecuencia, el Tribunal de apelación estima que la responsabilidad de la
caída y los daños consecuencia de la misma es atribuible a la empresa constructora,
por su falta de negligencia, en tanto no se preocupó lo suficiente por adoptar las
precauciones necesarias.

indemnizacion obra
En GABINETE AGGAR contamos con un equipo especialista en reclamaciones
por lesiones, ya sean motivadas por un accidente atribuible a una entidad u organismo
público, así como accidentes de circulación, contando con profesionales de la
valoración económica del daño corporal. No dude en concertar visita con nosotros y
blindarse de la mayor seguridad legal que le podemos ofrecer.

Artículo Para la Revista del CEF (Centro de Estudios Financieros) Nº 95 del 3T2021

Ecos se oyeron desde fuentes tributarias gubernamentales en el año 2020 sobre el estudio de eliminar la opción de tributación conjunta en el IRPF pero se encontraron de frente con la realidad jurídica del «derecho del individuo».

Fue en el año 1989, más concretamente el 20 de febrero, cuando el Tribunal Constitucional en su Sentencia 45/1989 dictaminó el derecho a poder tributar de forma separada aun cuando existiese matrimonio entre dos personas, ya que hasta esa fecha, si existía matrimonio, era obligatorio tributar conjuntamente en el IRPF.
Su fundamento principal fue que en la norma general tributaria, el sujeto pasivo es «el individuo» y no por contraer matrimonio, obligatoriamente se forma una unidad familiar tributaria y, por lo tanto, la ley debe preservar el derecho del individuo.

A primera vista, lo primero que viene a la mente es: ¿por qué existe entonces la posibilidad de escoger tributar conjuntamente si  quien tributa es el individuo?
Pues la respuesta podemos obtenerla del principio de la distribución de la creación de la riqueza familiar por la que en el campo de lo civil y, más concretamente, cuando nos referimos a los divorcios, una manera de calcular la pensión que uno de los cónyuges tiene que pagar al otro, obligatoriamente se rige por el fundamento que si por el hecho de la separación o divorcio se causa un desequilibrio económico en relación a la situación económica que tenía durante el matrimonio, el excónyuge perjudicado tiene derecho a que se reequilibre dicha situación económica.

No me refiero a si cualquiera de las partes ha trabajado o no durante el matrimonio, sino el motivo es que si al extinguirse el matrimonio, una de las partes pierde económicamente el estatus que tenía mientras estaban casados. Si eso ocurriese, la parte perjudicada tiene derecho a recibir una compensación económica. No es una indemnización, sino que se entiende que el enriquecimiento
familiar lo han producido ambos.

Este es el fundamento por el que cualquier contribuyente puede escoger la opción de tributar conjuntamente en su declaración de renta ya que el concepto de unidad económica familiar en el sistema tributario español mantiene que, aunque uno de los cónyuges no genere rentas, hablando en tono literal, por ejemplo que no genere rentas derivadas del trabajo, en realidad sí que las genera porque son fruto del principio de la distribución de la creación de la riqueza familiar. Entonces, si no puedo eliminar la opción de tributar conjuntamente ¿qué hago?

Pues dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que el Gobierno ha enviado a Bruselas, plantea una nueva política de igualdad para: «fomentar la incorporación de las mujeres al trabajo y que consiste en la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta de 3.400 euros mediante un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta».

Planteo la siguiente pregunta a los lectores:
¿el motivo obedece a una nueva política de igualdad, ya que si fuese así lo equitativo sería que cada contribuyente pudiese practicarse la mitad de la reducción (1.700 €) independientemente de la modalidad individual o conjunta elegida, o bien, responde al ansia de una recaudación extra que se estima en 1.000 millones de euros tal y como se indica en los últimos presupuestos?

Si tiene alguna duda o consulta al respecto, o se ha visto en alguna situación anteriormente descrita, desde Aggar Abogados y Economistas podemos asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros

PLUSVALÍA MUNICIPAL, TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE LA ANULA

Se podría calificar como la noticia jurídica de estas últimas semanas, al generar expectativas de poder recurrir el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVITNU). Pero lamentablemente el propio Tribunal Constitucional, en su sentencia de 26 de octubre de 2021 dónde declara la inconstitucionalidad de los artículos dónde se regulaban la forma en que se establecía hasta ahora la base imponible del IIVITNU; ha limitado en gran medida las posibilidades de solicitar la devolución de lo tributado.

¿EN QUÉ SITUACIONES PUEDEN RECUPERAR LO TRIBUTADO?
Todos aquellos que hayan optado, antes del día 26 de octubre de 2021, fecha de emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional, por una autoliquidación podrán solicitar la devolución, siempre y cuando hayan formalizado el proceso en los últimos cuatro años. Al ser el periodo de tiempo que la Ley General Tributaria determina para que la Administración pueda revisar la autoliquidación remitida.
En caso de que el Ayuntamiento haya liquidado de forma directa el impuesto, siempre y cuando no dispongamos aún de resolución administrativa firme. En este último caso, sólo disponen de un mes de margen para presentar reclamación.
Además, si la sentencia o la resolución administrativa no es firme, se podrá recurrir aunque no exista minusvalía en la operación que motiva la tributación, siempre y cuando la cuota tributaria supere la plusvalía realmente obtenida. En este sentido se pronunció el Tribunal Constitucional con anterioridad, en su Sentencia 126/2019, de 31 de octubre, concluyendo que “cuando de la aplicación de la regla de cálculo prevista en el art. 107.4 TRLHL se derivase un incremento de valor superior al efectivamente obtenido por el sujeto pasivo, la cuota tributaria resultante, en la parte que excede del beneficio realmente obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente en contra del principio de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad que deben operar, en todo caso, respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y como límite del mismo” (FJ 4).

Tal y como establece expresamente por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 26 de octubre de 2021, NO PUEDEN RECLAMAR:
Aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a fecha 26 de octubre de 2021, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme.
Quienes tengan liquidaciones provisionales o definitivas, que no hayan sido impugnadas a la fecha de la sentencia (26 de octubre de 2021).
Autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada antes del fallo del Tribunal Constitucional.
En resumidas cuentas, la fecha de referencia de vital importancia es la de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, es decir, el día 26 de octubre de 2021. Todo ello, debido a que se niega la posibilidad de reclamar a aquellos contribuyentes que no hayan impugnado liquidaciones o solicitado la rectificación de autoliquidaciones antes de la mencionada fecha.

Si tiene alguna duda o consulta al respecto, o se ha visto en alguna situación anteriormente descrita, desde Aggar Abogados y Economistas podemos asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros

MODIFICACION DE DISTINTAS LEYES PARA PROPICIAR EL RESPETO A LA VOLUNTAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El pasado 2 de junio de 2021 se aprobó unas modificaciones legislativas que engloban distintas leyes de nuestro ordenamiento jurídico como son el código civil o la ley de enjuiciamiento civil
entre otras con el fin de proteger y respetar la voluntad de las personas con discapacidad.
Con estas modificaciones, que entran en vigor el próximo mes de septiembre, se elimina la figura de la tutela judicial y por ende del tutor, restando única y exclusivamente la curatela contemplada como la medida más restrictiva para casos en los que las personas discapaces no puedan hacer valer su capacidad jurídica en toda su plenitud.

Lo cierto es que se han aprobado estas modificaciones con la intención, no de quitar libertades y derechos a este tipo de personas como sucede en la actualidad si no con el fin de respetar su
voluntad, y de que se encuentren en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de su vida, recogiendo entonces medidas de apoyo para ayudarles a que gocen plenamente de dichas facultades y se ayuden de otros en las facultades que no puedan llevar a cabo por si solas.

En contraposición al método actual donde se incapacitaba totalmente a la persona, el juez deberá concretar en la sentencia las facultades que el incapaz tiene mermadas y deberá nombrar a la persona que debe ayudarle, y para que debe hacerlo, limitando dichas funciones lo máximo posible y revisándolas cada cierto tiempo por si existe una mejoría que le permite realizar más acciones de las que estaban previstas inicialmente.
Si usted tiene algún familiar en esta situación y tiene dudas al respecto, no dude en contactar con nuestro departamento jurídico. Estamos a su disposición.

LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS ALQUILERES EN CATALUÑA

A pesar de que se encuentra en vigor desde el mes de septiembre del año pasado, son muchas las consultas que han llegado en estos últimos meses a nuestro despacho acerca de la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda.

Se aplica a los nuevos contratos de alquiler de residencia permanente sobre viviendas situadas en zonas declaradas con mercado de vivienda tenso. Actualmente son sesenta los municipios declarados como tal, entre ellos, Viladecans, Gavà, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat y Cornellà de Llobregat, aplicándose automáticamente y como mínimo durante un año desde su entrada en vigor.
De forma general, si la vivienda ha sido arrendada en los últimos cinco años:
– Si el precio del anterior contrato estaba por debajo del índice de referencia, la renta del nuevo contrato no podrá superar el precio acordado en el último contrato.
– Si el precio del anterior contrato estaba por encima del índice de referencia, con el nuevo contrato el precio debe bajar como mínimo hasta el valor del índice.

Si la vivienda no ha sido alquilada en los últimos cinco años:
– La renta no podrá superar el índice de referencia.
– Hay que tener en cuenta que el índice de referencia es un tope máximo, la renta puede estar por debajo.

No se pueden añadir al nuevo contrato de alquiler gastos generales asimilados a la renta en el anterior contrato: IBI, tasas diversas, cuotas, gastos comunitarios, etc.
Si en el anterior contrato no constaban esos gastos adicionales de forma detallada (tanto el concepto como la cifra), ahora tampoco se pueden añadir como gastos
adicionales.


Las partes contratantes pueden pactar incrementar o reducir un 5 % el precio del índice en función del estado y características de la vivienda. Únicamente se podrá acordar un incremento de hasta el 5 % sobre el índice si la vivienda reúne como
mínimo tres de las siguientes características:

tener ascensor, tener aparcamiento, estar amueblado, tener calefacción o refrigeración, piscina comunitaria o
equipamientos similares, jardín o terraza comunitaria, conserjería y vistas especiales.

En caso de que sea propietario arrendador le podemos asesorar en cuanto a las nuevas novedades legislativas que se deben tener en cuenta para arrendar su vivienda, o bien, para el caso de que sea inquilino, le revisamos las condiciones de su contrato y le informaremos de las vías judiciales y extrajudiciales para reclamar lo que por su derecho le convenga.

No dude en contactar con nosotros.

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