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LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SOBRE LOCALES Y CLÁUSULAS SUELO

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado que, aunque la adquisición de un local de negocio para su posterior arrendamiento a terceros pueda implicar la intención de obtener un beneficio económico, si esa actuación no forma parte de su actividad comercial, empresarial o profesional, no deja de ser un acto de consumo.

En diciembre de 2006, la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (actualmente, Unicaja) y la actora suscribieron un contrato de préstamo con garantía hipotecaria para financiar la adquisición de un local, respecto del cual no constaba cuál iba a ser su destino. En la escritura de préstamo hipotecario figuraba una cláusula que limitaba la variabilidad del tipo de interés pactado al 5,75% (cláusula suelo). Consecuencia de este último extremo, la prestataria presentó una demanda en la que ejercitó una acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación contra la entidad prestamista, en relación con la aludida cláusula suelo.

 

En primera instancia, el Juzgado desestimó la demanda por considerar que la actora no poseía condición de consumidor. Por ello, se presentó recurso de apelación ante el Tribunal Supremo y la sentencia, de 29 de marzo de 2022, recuerda que la intención lucrativa no debe ser necesariamente un criterio de exclusión para la aplicación de la noción de consumidor. Finalmente, el Alto Tribunal declaro la nulidad de la cláusula suelo contenida en la escritura del préstamo hipotecaria, dado que la STJUE de 3 de septiembre de 2015, asunto C-110/14 concluyó que cuando no se precisa el destino del crédito, el prestatario puede considerarse «consumidor» con arreglo la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores , cuando dicho contrato no esté vinculado a una actividad profesional.

 

Desde el Gabinete AGGAR disponemos de un equipo especializado en reclamación de cláusulas abusivas en préstamos personales e hipotecarios. Si usted posee una cláusula suelo, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento jurídico.

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD POR DEFICIENCIA EN LA ATENCIÓN MÉDICA

Doña N. acudió a recibir atención sanitaria a causa de un dolor punzante en la espalda que luego recorría todo el cuerpo. Al realizarle un examen médico, Doña N. es diagnosticada de lumbalgia con opresión del nervio ciático, por lo que se le recetan una serie de ejercicios y medicamentos. Tras un tiempo de tratamiento sin mejora aparente, los médicos de traumatología le realizaron una serie de exámenes más pormenorizados que revelaron una lesión más grave de lo que se pensaba, por lo que Doña N. fue puesta en lista de espera para cirugía.

El día 16 de diciembre

Doña N. acudió al hospital para que le fuera practicada la intervención quirúrgica. Durante la fase final de la intervención se evidenció un sangrado abundante al que los facultativos no dieron importancia ni investigaron su causa a pesar del empeoramiento de sus constantes vitales que experimentó la paciente, procediendo a trasladarla a la sala de reanimación, refiriendo los facultativos a los familiares que la operación se había desarrollado con normalidad y que en pocos días podría ser dada de alta.

Finalmente, la hemorragia generada por la sección iatrogénica de la arteria padecida por la paciente durante la operación concluyó en el fallecimiento de Doña N. La familia de la paciente se plantea reclamar, ya que en un principio los médicos no dieron importancia a la hemorragia que sufría la fallecida, ni actuaron adecuadamente cuando la misma se presentó.

Los hechos relatados en la demanda, así como un informe pericial encargado por la actora concluyen que el fallecimiento de Doña N. fue evitable y consecuencia de una concatenación de negligencias médicas. Esto se debe a la falta de diligencia de los médicos que obviaron la localización de varias arterias vitales en la zona de la intervención quirúrgica que podían perfectamente resulta dañadas y que, de hacerlo, necesitaban una asistencia urgente que no se produjo. Además, Doña N. expresó su malestar y las pruebas delataron una falta de sangre evidente de la que era causante la hemorragia interna, pero los servicios médicos, aún así, no reaccionaron a tiempo.

 

La juzgadora considera probada la existencia de una negligencia médica a raíz de las pruebas practicadas, entendiendo que el fallecimiento de Doña N. fue evitable y se debió a la falta de diligencia del personal sanitario del hospital. Además, en virtud de la Ley de Contratos de Seguro, que regula la cuantía de las indemnizaciones.

Además, se impone el pago íntegro de las costas procesales a la demandada en virtud de lo establecido en el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice:

“1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.”

 

 

Desde el Gabinete AGGAR disponemos de un equipo especializado en reclamación por negligencias médicas. Si usted posee un problema con una mala praxis médica, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento jurídico.

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS AL INTENTAR SALVAR A SU PERRITA DEL ATAQUE DE OTRO PERRO

La Audiencia Provincial de La Rioja condena, mediante su reciente sentencia, al dueño de un
perro a indemnizar a un hombre que fue agredido por las mordeduras que le ocasionó su perro,
mientras intentaba salvar a su perra para que no fuese herida. Aunque el agredido era conocedor
del riesgo al que se exponía, los magistrados consideran que el propio dueño del perro agresor es
quién debía cuidar de la actuación de su perro de gran tamaño y que no llevaba bozal.

Los perros de los litigantes se enfrentaron en una pelea, y el demandante con el fin de salvar a su
perra, se interpuso a cogerla en medio de la pelea. Entonces el perro del demandado, de más
envergadura y de raza peligrosa, le mordió, causándole las lesiones objeto de su reclamación.

La demanda fue desestimada en primera instancia al considerar que existió concurrencia de
culpas, siendo responsabilidad exclusiva del demandante, debiendo asumir las lesiones causadas
al coger a su perra.

En cambio, la Audiencia Provincial revoca la sentencia del Juzgado y estima la demanda por
daños y perjuicios ejercitada. Todo ello, por entender que, si bien el demandante debía ser
conocedor del riesgo al que se exponía al coger a su perra mientras concurría la pelea con el otro
perro, siendo este el momento en el que sufrió el mordisco, éste comportamiento no puede
conllevar una imputación culpable exclusiva del hecho dañoso, exoneradora de la responsabilidad
del demandado.

Por lo que no aprecia una falta de precaución por el demandante o una actuación imprudente que
pueda serle imputable al intentar salvar a su perra, pues a él le correspondía cuidar de la misma.
Además, tuvo en cuenta que sólo su perra sufrió heridas, mientras que el perro del demandando
no resultó lesionado, sin tan siquiera padecer algún rasguño, no siendo común ni normal si la
pelea se hubiese ocasionado entre perros de mismas características.

En consecuencia, el demandado tenía la obligación de cuidar de la actuación de su perro, siendo
éste quién atacó al perro del demandante y éste último lo cogió para velar por la integridad de su
perra, poniéndose en peligro a sí mismo, pero no eximiendo por este motivo al demandado de su
responsabilidad objetiva.

Por todo ello, el Tribunal condena al demandado al pago de las cantidades reclamadas por el
demandante en concepto de lesiones, secuelas y daños morales que le fueron ocasionados como

consecuencia del ataque de su perro, ascendiendo a 5.000 euros, así como al pago de los gastos
de veterinario.

En GABINETE AGGAR contamos con un equipo especialista en reclamaciones por lesiones, si se
encuentra en una situación similar, no dude en concertar visita con nosotros y le asesoraremos
sobre los derechos que le amparan.

LOS ANIMALES YA NO SON COSAS, SON SERES VIVOS DOTADOS DE SENSIBILIDAD

Desde el pasado miércoles 5 de enero, nuestra legislación ha dejado de considerar a los animales
como “cosas”, siendo ahora “seres vivos dotados de sensibilidad” o “seres sintientes”, con el
fin de garantizar su bienestar, evitando situaciones de maltrato, sufrimiento, abandono o
desatención, para garantizar su protección en el ámbito judicial.

Esta situación conlleva la injerencia en diversas ramas de derecho, para garantizarles su
pretendida protección. En situaciones de crisis matrimoniales, a partir de ahora se deberá
considerar también el interés del animal, determinando un régimen de convivencia y cuidado de
los animales de compañía, estableciéndose acuerdos de custodia compartida de animales de
familia, cuestión que ya ha sido objeto de controversia en los tribunales españoles. Por lo que ante
este tipo de situaciones, en caso de no haber acuerdo entre la pareja, se garantizará la protección
del animal.

También se prevén limitaciones a la guarda y custodia en casos de antecedentes por maltrato
animal ejercido como forma de violencia o maltrato psicológico contra ellos. Es más, en contextos
de violencia de género y doméstica los agresores suelen ejercer violencia también sobre los
animales, o la amenaza de causarla, como instrumento para coaccionar a la víctima.

En materia de sucesiones, en caso de fallecimiento de su propietario, se prevén previsiones
con base en el criterio de bienes de los animales, en situaciones de ausencia de la voluntad
expresa del dueño fallecido.

Tampoco podrán quedar desamparados los animales en los procesos de desahucio, debiéndose
protocolizar y determinar los mecanismos que sean oportunos para garantizarles su protección.
De igual forma, la presencia de animales de compañía en viviendas de alquiler no debería
ser motivo de conflicto.

Finalmente, en el ámbito laboral, en Cataluña existe un antecedente judicial que recoge el
derecho que permite la conciliación con el animal de compañía para ir al veterinario por
enfermedad de éste.

En GABINETE AGGARContactar contamos con un equipo especialista en asuntos de familia, incluyendo
también a los peludos de la casa, si quieres garantizar su protección e informarte al respecto, no
dude en ponerse en contacto con nosotros, le asesoramos sobre los derechos que le amparan a
usted y a los suyos.

COMPRASTE TU COCHE ENTRE 2006 Y 2013, TE PUEDE CORRESPONDER UNA INDEMNIZACIÓN

En 2013 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinó que hasta
34 marcas de coches constituyeron un cártel, perjudicando gravemente la competencia en el
sector de la fabricación de automóviles. En 2015 la CNMC impuso una serie de multas derivadas
de esa actuación contraria a la libre competencia. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha
ratificado las sanciones.
El cártel se realizó en el periodo de los años 2006 al 2013, las marcas que participaron en el
mismo tuvieron un control absoluto del mercado, impidiendo que los consumidores pudieran elegir
libremente sobre el mejor precio o servicio.

¿Qué marcas están involucradas?

Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai,
Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot,
Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota, Volvo.

¿Quién puede reclamar?
Todas las personas que adquirieron un vehículo entre los años 2006 y 2013, ya sea por compra,
leasing o renting de las marcas anteriormente citadas.
¿Cuánto puedo llegar a reclamar?
Se puede reclamar parte del precio que abonaron por el vehículo, consistiendo exactamente en
aquello que se pagó de más como consecuencia de los efectos del cártel. La cuantía depende del
modelo de vehículo adquirido, pero se estima entre un 10% y 15% del precio pagado por el
vehículo.

Plazo para efectuar la reclamación
El plazo de prescripción es de un año, comenzando a contar desde la sentencia del Tribunal
Supremo del 17 de septiembre de 2021.

Si usted ha comprado un vehículo entre el 2006 y 2013, y tienes dudas al respecto, no dude en
contactar con nuestro departamento jurídico. Estamos a su disposición, manteniéndole informado
sobre los derechos que le amparan.

VIOLENCIA FAMILIAR, CAMBIO NORMATIVO DEL CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA

La nueva normativa prohíbe, en casos de violencia familiar, la relación entre padre e hijos
sin necesidad de sentencia.

Las modificaciones del libro segundo del Código civil de Cataluña en relación con la denominada
violencia vicaria, pretenden la prohibición de atribución de la guarda, estancias, relaciones y
comunicaciones entre hijos e hijas y el padre en casos de violencia vicaria machista. No
únicamente se prevé frente al padre, sino también a la madre en aquellos casos que la misma sea
la causante de la violencia familiar.

Con el cambio normativo, no hay que esperar a la sentencia para adoptar medidas de prohibición
de las comunicaciones o estancias de los padres respecto a los hijos, por entender que es la
forma más efectiva para proteger a los hijos, siempre y cuando haya indicios fundamentados de
que ha cometido actos de violencia familiar o machista.

De forma motivada, la autoridad judicial puede acordar que se puedan realizar estancias o
comunicaciones, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor. Por lo que no se
excluyen de forma general, previendo esta excepción que, en caso de que el menor tenga
capacidad suficiente, éste deberá ser escuchado, debiendo justificar la medida atendiendo al
interés del menor.
También se amplían los supuestos en los que no es necesario el consentimiento del progenitor
violento para que los hijos e hijas puedan recibir atención y asistencia psicológicas, con el fin de
garantizar la atención a menores que se encuentran dentro de un ámbito familiar en las que sus
madres son víctimas de violencia machista, todo ello, sin necesidad de tener abierto ningún
procedimiento judicial y también en el caso de menores de entre catorce y dieciséis años, en lo
que respecta al consentimiento de los progenitores o tutores legales.

¿A partir de cuándo se llevarán a cabo estas medidas?
Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del 3 de diciembre de 2021.

violencia-genero

Desde GABINETE AGGAR disponemos de un equipo especializado en asuntos de familia, si
usted tiene algún familiar en esta situación y tiene dudas al respecto, no dude en contactar con
nuestro departamento jurídico. Estamos a su disposición.

SE MANTIENE LA PENSIÓN DE ALIMENTO DE UNA HIJA QUE NO FINALIZÓ SUS ESTUDIOS DE MEDICINA EN 6 AÑOS

La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado Sentencia por la cual impone
el deber de unos padres de seguir asumiendo los costes de los estudios de medicina
que su hija continua cursando en una universidad privada, pese haber transcurrido 6
años desde su inicio.
El tribunal considera que el mero hecho de que transcurridos 6 años desde el
inicio de la carrera universitaria aún no se hayan finalizado los estudios, no es motivo
suficiente para considerar la falta de aplicación en los estudios de la hija a efectos de
considerar extinguida la obligación de los padres de sufragarlos.
Los jueces consideran que, a pesar de la posibilidad de finalizar la carrera de
medicina en 6 años, la aplicación de dicha norma sería demasiado riguroso y
desproporcionado en el presente caso, atendiendo a la alta dificultad de tales estudios
y el notable esfuerzo que requieren.
Se determina que la necesidad de dos cursos o más para la finalización de los
estudios no justifica que se sancione a la hija con la pérdida del derecho a que sus
padres contribuyan al pago de sus estudios.
En cuanto a la capacidad económica de los padres para seguir costeando el
pago de una universidad privada, el tribunal recuerda que ambos lo convinieron así en
su momento, manteniendo ambos una posición económica suficiente, no habiéndose
acreditado ningún cambio sustancial suficiente para imponer un cambio de
universidad.

pension alimento
De todas formas, a pesar de que sea la sentencia de divorcio recoge la
contribución a los alimentos de los hijos entre los propios progenitores, ello no limita al
derecho de la hija a reclamar lo que precise para sus estudios, una vez alcanzada la
mayoría de edad, al margen de los alimentos ordinarios de que es acreedora la madre.
Como consecuencia, se impone a los progenitores el pago por mitad de todos
los gastos reclamados para que su hija continúe sus estudios de medicina en la misma
universidad privada donde venia cursándolos, con independencia de las cantidades
que vienen abonando en cumplimiento de la sentencia de divorcio.
Desde GABINETE AGGAR le instamos a que nos consulte sin compromiso
todas aquellas cuestiones relacionadas con el devengo de la pensión de alimentos con
respecto a sus hijos, garantizándoles el mejor asesoramiento jurídico en esta materia.

INDEMNIZACIÓN CON 7.000€ DE BANKIA A UN CLIENTE POR INCLUIRLE EN UN FICHERO DE MOROSOS Y AVISAR UN MES DESPUÉS

¿Cuándo se puede proceder a la reclamación a una entidad financiera por inclusión en un
fichero de morosos?
Ante el incumplimiento del requerimiento previo de pago, establecido legalmente como requisito
para la inclusión de los datos en los ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito.
Es decir, para poder incluir a un cliente en los mencionados ficheros, debe habérselo comunicado
con anterioridad a su inclusión, de lo contrario, éste tendrá derecho de reclamarle indemnización.

¿Por qué motivo se les puede reclamar indemnización?
El cliente ante esta actuación por parte de la entidad bancaria, puede ejercer su derecho de
cancelación de datos y su derecho al honor, al haber introducido sus datos en ficheros de
información de solvencia patrimonial y crédito sin haber sido informado previamente de ello.

¿Qué ha llevado al Tribunal Supremo dictar sentencia distinta a anteriores instancias?
La entrega de la comunicación al cliente se realizó más de un mes después de las altas. Por lo
que el requerimiento de pago no fue previo, sino posterior a la inclusión de sus datos en los
ficheros de información de solvencia patrimonial y crédito.
La cantidad cuyo pago se requirió, advirtiendo que en caso de no liquidarla en el plazo de diez
días, de informar sus datos a los repetidos ficheros, “fue establecida por la demandada en un acta
de fijación de saldo, tras declarar vencido anticipadamente en la totalidad de su importe el
préstamo concedido al afectado, y detallada como principal en una demanda de ejecución
hipotecaria que después fue sobreseída al declarar el órgano judicial de ejecución nula la cláusula
de vencimiento anticipado consignada en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria que les
vinculaba, lo que impide considerar que dicha cantidad fuera expresiva de una deuda cierta,
vencida y exigible en la que poder fundamentar la comunicación de los datos relativos a su
impago a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias”.
En consecuencia, según el Tribunal Supremo, no concurrían los requisitos necesarios para que
incluyese los datos de su cliente en tales ficheros. Además de infringir los preceptos en materia de
protección de datos, estiman la intromisión en el derecho al honor del actor, condenando a la
entidad financiera a cesar inmediatamente en tal intromisión, realizando lo necesario para ponerle
fin y cancelar los datos del cliente en los mencionados ficheros. Además, debiendo indemnizarle
en la cantidad de 7.000 euros por el daño moral que, “no resulta desajustada” en comparación con
otras indemnizaciones reconocidas en este tipo de procedimientos.

bankia

Desde GABINETE AGGAR le animamos a que nos consulte cualquier reclamación que desee
realizar frente a su entidad bancaria, valorando la similitud con el asunto expuesto. No dude en
contactar con nosotros, le mantendremos informado sobre los derechos que le amparan.

CONDENADA UNA CONSTRUCTORA A INDEMNIZAR A UN VIANDANTE TRAS SUFRIR UN ACCIDENTE CON UN ELEMENTO DE OBRA

La Sentencia de 12 de noviembre de 2020, dictada por la Audiencia Provincial
de Navarra, determina la responsabilidad de una constructora por el accidente sufrido
por un viandante de 84 años, quien tropezó con una manguera que se colocó en la
acera durante la ejecución de unas obras.
En primera instancia la demanda fue desestimada atendiendo que el juez a quo
no consideró acreditada la conducta negligente por parte de la empresa constructora.
Sin embargo, en segunda instancia, el juez ad quem estima el recurso planteado y
condena a la referida entidad al pago de una indemnización por la lesiones sufridas,
considerando que en el presente caso se cumple los requisitos jurisprudenciales de la
responsabilidad civil extracontractual.
El demandante se encontraba paseando por la acera llevando consigo un carro
de la compra, elemento que abocó a que tropezara con la manguera, sin ser posible
achacar tal desvanecimiento a una patología previa.
Deviene evidente que la caída fue consecuencia de un elemento depositado en
la calzada, no habitual y de cierta entidad, y la carencia de señalización, siendo un
peligro activo para los viandantes.
A pesar de que la manguera era de un color vivo, en este caso rojo, este dato
es irrelevante y no exime de la responsabilidad de colocarla de manera que no
ocupara gran parte de la acera, permitiéndose el paso libre de obstáculos en una zona
de la misma, con la necesaria señalización. De haberse cumplido con tales directrices,
el accidente no hubiera ocurrido.
La avanzada edad del demandante no significa por si sola concurrencia causal
alguna, ya que, los viandante tienen derecho a circular libremente por la vía pública en
condiciones óptimas de seguridad, sin tener la necesidad de sortear óbices que
impidan su paso, los cuales, en caso de ser necesarios, deben disponerse de forma
que eviten ser un riesgo para las personas que deambulan por la acera.
En consecuencia, el Tribunal de apelación estima que la responsabilidad de la
caída y los daños consecuencia de la misma es atribuible a la empresa constructora,
por su falta de negligencia, en tanto no se preocupó lo suficiente por adoptar las
precauciones necesarias.

indemnizacion obra
En GABINETE AGGAR contamos con un equipo especialista en reclamaciones
por lesiones, ya sean motivadas por un accidente atribuible a una entidad u organismo
público, así como accidentes de circulación, contando con profesionales de la
valoración económica del daño corporal. No dude en concertar visita con nosotros y
blindarse de la mayor seguridad legal que le podemos ofrecer.

Artículo Para la Revista del CEF (Centro de Estudios Financieros) Nº 95 del 3T2021

Ecos se oyeron desde fuentes tributarias gubernamentales en el año 2020 sobre el estudio de eliminar la opción de tributación conjunta en el IRPF pero se encontraron de frente con la realidad jurídica del «derecho del individuo».

Fue en el año 1989, más concretamente el 20 de febrero, cuando el Tribunal Constitucional en su Sentencia 45/1989 dictaminó el derecho a poder tributar de forma separada aun cuando existiese matrimonio entre dos personas, ya que hasta esa fecha, si existía matrimonio, era obligatorio tributar conjuntamente en el IRPF.
Su fundamento principal fue que en la norma general tributaria, el sujeto pasivo es «el individuo» y no por contraer matrimonio, obligatoriamente se forma una unidad familiar tributaria y, por lo tanto, la ley debe preservar el derecho del individuo.

A primera vista, lo primero que viene a la mente es: ¿por qué existe entonces la posibilidad de escoger tributar conjuntamente si  quien tributa es el individuo?
Pues la respuesta podemos obtenerla del principio de la distribución de la creación de la riqueza familiar por la que en el campo de lo civil y, más concretamente, cuando nos referimos a los divorcios, una manera de calcular la pensión que uno de los cónyuges tiene que pagar al otro, obligatoriamente se rige por el fundamento que si por el hecho de la separación o divorcio se causa un desequilibrio económico en relación a la situación económica que tenía durante el matrimonio, el excónyuge perjudicado tiene derecho a que se reequilibre dicha situación económica.

No me refiero a si cualquiera de las partes ha trabajado o no durante el matrimonio, sino el motivo es que si al extinguirse el matrimonio, una de las partes pierde económicamente el estatus que tenía mientras estaban casados. Si eso ocurriese, la parte perjudicada tiene derecho a recibir una compensación económica. No es una indemnización, sino que se entiende que el enriquecimiento
familiar lo han producido ambos.

Este es el fundamento por el que cualquier contribuyente puede escoger la opción de tributar conjuntamente en su declaración de renta ya que el concepto de unidad económica familiar en el sistema tributario español mantiene que, aunque uno de los cónyuges no genere rentas, hablando en tono literal, por ejemplo que no genere rentas derivadas del trabajo, en realidad sí que las genera porque son fruto del principio de la distribución de la creación de la riqueza familiar. Entonces, si no puedo eliminar la opción de tributar conjuntamente ¿qué hago?

Pues dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que el Gobierno ha enviado a Bruselas, plantea una nueva política de igualdad para: «fomentar la incorporación de las mujeres al trabajo y que consiste en la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta de 3.400 euros mediante un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta».

Planteo la siguiente pregunta a los lectores:
¿el motivo obedece a una nueva política de igualdad, ya que si fuese así lo equitativo sería que cada contribuyente pudiese practicarse la mitad de la reducción (1.700 €) independientemente de la modalidad individual o conjunta elegida, o bien, responde al ansia de una recaudación extra que se estima en 1.000 millones de euros tal y como se indica en los últimos presupuestos?

Si tiene alguna duda o consulta al respecto, o se ha visto en alguna situación anteriormente descrita, desde Aggar Abogados y Economistas podemos asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros

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